Remembranza: Juan Bautista Bellido Tirado
Castellón 20/8/1878 - 18/11/1952: médico y decano
del Hospital Provincial de Castellón

Juan Bautista Bellido Blasco

1. Introducción y agradecimientos

1.1 Introducción

Entre escribir “Juan Bautista Bellido Tirado, nació en Castellón el 20 de agosto de 1878” o escribir, “Mi abuelo nació en Castellón en 1878”, escogeré esta segunda opción. El lector quedará de esta manera advertido de que, si bien mi intención es dar unos trazos de la biografía de un personaje que tuvo cierta relevancia en esta ciudad hace ya más de cien años, el abuelo Juan es para mí no sólo un personaje sino una persona con la que, aun sin haberla conocido –murió antes de que yo naciera– me unen lazos afectivos de los que uno, supongo, por más que quiera, difícilmente puede desembarazarse.

Como además no soy historiador, he decidido abandonar cualquier pretensión académica. Presentaré aquí aspectos de la historia de mi abuelo taraceada de las peripecias que poco a poco y muy interrumpidamente me llevaron a reunir un conjunto inteligible de datos que pueden dar una idea cabal de una porción de la biografía del médico Juan B. Bellido Tirado. Médico que dedicó el mejor periodo de su vida profesional al Hospital Provincial de Castellón, la institución sanitaria señera del Castellón de la primera mitad del siglo pasado, de la que llegó a ser Decano. No evitaré reproducir algunas de las impresiones que le acontecen a un novato en busca de datos de su abuelo, con aciertos y errores que tal vez sirvan a alguno que apetezca adentrarse en territorio semejante.

Téngase en cuenta que, en definitiva, una de las razones, si no la principal, por las que emprendí esta compleja reconstrucción del pasado viene dada por la faceta silenciada de la historia. No sé cuál hubiera sido mi actitud si en lugar de la historia triste, amarga y dura de un derrotado, de un represaliado, de un olvidado, hubiera tenido enfrente la del éxito y del triunfo. Conociéndome como me conozco, a la pereza consustancial a mi carácter se le habría unido el desinterés por lo ya suficientemente conocido, pues al lado de los ganadores siempre crecen toda suerte de propaganda y alabanzas. Y hete aquí la paradoja: de haber sobrevivido la II República a la agresión golpista de 1936, quizá mi abuelo sencillamente hubiera sido para mí –y para muchos– un destacado médico que supo cumplir con su deber y ejercer responsabilidades muy visibles en momentos difíciles; pero alguien giró el rumbo y las cosas fueron como sabemos que fueron. Sea como fuere: nada mejor que el fragmento de una carta manuscrita, dirigida a su hija Pepita, escrita desde la prisión de Torrero, en Zaragoza, el 26 de enero de 1939, que a continuación reproduzco para ver si alguien con un poco de tiempo sería capaz de permanecer quieto tras leerlo:

Veo que estáis abandonados (y esta es mi mayor pena, y la que más siento) incluso por los que a mi lado medraron y ahora disfrutan de mi ausencia con un marcado interés en que no vuelva, aún mayor que el que tuvieron para encarcelarme. Confío en que la justicia ha de resplandecer y a mí en persona o a mi memoria se honrará cual merece.

1.2 Agradecimientos

A todos aquellos, amigos familiares y personal de archivos, que de un modo u otro han ayudado a reconstruir esta historia, que sin la sugerencia y ánimo de los compañeros del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló -sobre todo Juan Luis Porcar- no habría alcanzado este documento.

2. El principio. El recuerdo

[Así que recomencemos] El abuelo Juan nació a las diez de la noche del día 20 de agosto de 1878, el mismo año en que la Diputación Provincial de Castellón decidía la construcción de un nuevo hospital en la ciudad y España acababa de despedirse de la Primera República. Tanto el Hospital Provincial como el republicanismo y la política habían sido designados por el destino para marcar, a veces con miel, a veces con fuego, su biografía.

Creció, pues, con la Restauración: el efímero Alfonso XII y la regencia de María Cristina, madre del futuro rey Alfonso XIII; en una España agitada, pobre y con gente analfabeta -pero no tonta-; donde la política consistió durante mucho tiempo en un turno tácitamente establecido entre partidos liberales y conservadores.

Transcurrió su vida en aquel pueblo grande y agrícola que llegó a alcanzar los 30.000 habitantes a finales de siglo. He localizado pocas fotos suyas; en todas ellas, joven, adulto o anciano, con bigote. La más antigua, de septiembre de 1898, cuando tenía 20 años[1]. A esa edad estudiaba medicina en Valencia. La facultad estaba entonces en el centro de la ciudad, en un caserón frío en el que estudiaban pocos alumnos. Se licenció a los 23 años, en 1901, con la calificación de sobresaliente. Faltaban 30 años para que se proclamara la II República.

Se casó a los 26 años con María Ribés Sangüesa, de 25, el día 24 de abril de 1905. Su primera consulta médica la abrió en la calle González Chermá, creo que en el número 166. No cabe duda que poco a poco, fruto de aquel trabajo, ocupó un lugar muy destacado en la medicina del Castellón de aquellos tiempos. Fruto de su trabajo alcanzó una posición social y profesional holgada que le permitió adquirir una casa en la plaza de la Independencia nº 8. Una casa emblemática, muy vistosa, que hace chaflán y cuya antigua fachada se conserva todavía[2]. Del matrimonio hubo seis hijos, tres de los cuales –Juan, Vicente y Salomé– murieron prematuramente y otros tres sobrevivieron hasta llegar a la vejez en esta misma ciudad. Estos últimos fueron mi tía María Teresa[3], mi tía Pepa y mi padre Miguel Bellido Ribés, médico también y persona conocida en la ciudad de Castellón por sus actividades en el ámbito de la medicina, la política y la cultura, hasta el extremo que hay una plaza con su nombre, cosa que, conociéndolo, le haría bastante gracia, por si alguien quiere saberlo.

No llegué a tratarlo, al abuelo. La imagen que se labró en mi conciencia desde niño fue la de un señor mayor y enteco –un abuelo, qué decir–, dedicado a la medicina, a sus libros. Entregado a la lectura sentado en el mirador de su casa, un chaflán que daba –y da– a la plaza. Capaz de masticar las aspirinas y tomarlas sin ayuda de agua, y que, siendo de comer muy frugal, me decían que mezclaba alimentos de sabores incompatibles al pensar de los demás. No parece que fue individuo dotado para las bromas. Más bien lo contrario, habría que decir que era persona sobria y con un punto de mal genio. Temeroso de enfriamientos en sus hijos, mi padre siempre me decía que de niño tuvo abrigo de verano por imposición del abuelo. Y bufanda de verano. Nunca supe el color de esas prendas, pero sí que fui sabiendo poco a poco el color con el que, de manera simplista, designaban a los perdedores de la guerra: el rojo.

3. La política

No he localizado más que unas pocas referencias a cargos de carácter netamente políticos; pero ningún documento original. Como militante perteneció al Partido Republicano de Alejandro Lerroux, formación política que abandonó para adscribirse a la Unión Republicana de Diego Martínez Barrios. En una votación -o “antevotación”, como se escribe en un documento- fue nombrado candidato a la alcaldía de Castellón, sin –esa es la versión que tengo y que dejó él escrita– su conocimiento. Fue compromisario para las elecciones presidenciales de febrero de 1936.

En la primera “Declaración indagatoria” que hace tras ser detenido el 16 de junio de 1938 en el juzgado militar de Castellón, se define como de opción política “evolutivo” y no revolucionario, comenta su designación como –candidato a– alcalde, sin su consentimiento. En otra declaración fechada 6 días después concreta su paso por el Partido Radical, que –dice– abandonó por el escándalo del estraperlo; pasó meses sin afiliación política hasta que “amistades y políticos de altura” le pidieron que se afiliara a Unión Republicana. Por ese partido político fue nombrado compromisario para la elección de Presidente de la República, para contrarrestar votos de partidos extremistas. Afirma también que se dio de baja en Unión Republicana, de la que fue vocal del comité local del partido, en octubre de 1936. Estas declaraciones hay que interpretarlas en el contexto en que fueron realizadas: un “procedimiento sumarísimo de urgencia” en el ámbito de la Justicia Militar.

Es un hecho notorio, por tanto, que fue un republicano moderado. Sus ideas republicanas eran conocidas. Sin embargo, diría que el rasgo primordial por el que pudiera considerársele un personaje fue su dedicación a la medicina, en el hospital y en su consulta, y no su dedicación a la política, que por otro lado no ocultó nunca (ni siquiera estando entre rejas). En resolución, creo que fue persona principal en el plano médico-sanitario y secundaria en el plano político.

4. La medicina y el Hospital Provincial

En 1904, a los tres años de licenciarse, empezó a trabajar como médico interino en el Hospital Provincial de Castellón, con un sueldo de 999 pesetas anuales. Su vida profesional estuvo en aquel tiempo vinculada al Dr. José Clará Piñol (1849-1946), persona 30 años mayor que él y con la que le unían lazos familiares. 

E1 1 de enero de 1907, por acuerdo de la Diputación, el sueldo pasa a ser de 1.500 pesetas anuales. Allí trabajó durante años, compaginando esta actividad pública con la consulta en su domicilio, que iba adquiriendo cierto renombre. El 21 de marzo de 1924 dimitió por motivos de salud, aportando un certificado del Dr. Vicente Gea Mariño, según consta en el expediente del archivo de la Diputación Provincial. En aquellas fechas también se produjo la dimisión de otro médico, Leandro Ureña, que fue sustituido por Eugenio Torres Benedito. Al año siguiente se convocaron oposiciones a Médico de Sala. Estas oposiciones fueron realizadas en Valencia. Las ganó, con unanimidad del tribunal. Tomó posesión del puesto el día 18 de noviembre de 1925.

El Hospital disponía entonces de dos servicios, uno de Cirugía, a cargo del Dr. Luis Batalla, y otro de Medicina, a cargo del abuelo, en el ala derecha del edificio. Con él llegarían a estar los médicos Julio Roca, en la planta inferior reservada para mujeres, y Vicente Altava en la planta superior reservada para hombres. El primero nacido en 1884 y el segundo, mucho más joven, nacido en 1908.

Aparte del Diputado Director, la dirección técnica del hospital recaía en el Decano, cargo asignado reglamentariamente al Médico de Sala de mayor antigüedad. Tal puesto lo ejercieron primeramente el Dr. Clará y el Dr. Batalla. El 12 de abril de 1930 el abuelo fue nombrado Decano del Hospital Provincial. Tenía 51 años y se había ganado cierto prestigio profesional. El cargo lo ostentaría poco más de 8 años, durante todo el periodo de la II República, hasta la ocupación de Castellón en 1938 por las tropas sublevadas.

En el desempeño de esta función sobrevino la sublevación militar de julio de 1936. Las estructuras sociales, civiles y militares, se vieron afectadas por el golpe de estado. Al poco del inicio de la sublevación que devino en guerra civil, la fuerza de los hechos obligó a adaptar los servicios sanitarios a las nuevas circunstancias.

El abuelo permaneció en su cargo, posiblemente uno de los de mayor relevancia en la asistencia médica provincial. El gobernador civil le encomendó la organización de la sanidad provincial, lo cual era razonable teniendo en cuenta que el peso de los servicios sanitarios hospitalarios de aquella época se sustentaba en la Beneficencia, y todavía no había instalaciones de Sanidad Militar en Castellón. De este modo, el abuelo fue presidente del denominado en algún documento Comité de Sanidad Provincial del Frente Popular[4] o Junta de Sanidad Provincial[5] en otros. No puedo excluir que ambas denominaciones se sucedieran para designar al mismo organismo en distintos momentos, pero en todo caso, lo sustancial es que gran parte de la responsabilidad de la organización de la sanidad provincial recayó muy directamente en mi abuelo. Lo acompañaron en esa tarea el Inspector Provincial de Sanidad, D. Manuel Such, el Director del Instituto Provincial de Higiene y otras personas del ámbito sanitario. Las funciones que asumió, como he dicho, eran de ámbito provincial, por lo que no eran infrecuentes los desplazamientos y visitas a hospitales u otras instalaciones en poblaciones como Segorbe, Viver, Villafranca, Benasal, etc.

Es evidente que sobre todo en los primeros meses el ambiente fue muy tenso y violento, pues en una situación casi (o sin casi) bélica, las personas se vieron marcadas por su situación social, su adscripción política o ideológica y sus creencias religiosas; para bien o para mal, dependiendo de que la sublevación hubiera sido o no contenida en la zona en la que residían. Entre los médicos del hospital había desavenencias, discrepancias y enfrentamientos más o menos visibles; como ocurrió en otros sectores laborales y profesionales, y como se puede ver reflejado en los documentos de los archivos de aquella época. No es aquí el lugar ni soy la persona apropiada para tratar los enfrentamientos y, sobre todo, la violencia física en la retaguardia durante la guerra civil española. En el plano individual, la violencia extrema siempre es un acto execrable; me viene a la memoria la frase de Sebastián Castiello: “Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre” (Zweig, 2001:196). En el plano colectivo admite otros análisis. Los actos de violencia civil en cualquier zona tuvieron sin embargo un rasgo diferencial: fueron asumidos y fomentados permanentemente por los militares sublevados y, en cambio, fueron combatidos y atenuados progresivamente por el gobierno republicano.

Castellón permaneció fiel al gobierno republicano legal. En ese contexto, el hospital fue refugio de algunas personas de significación derechista. Esta circunstancia la he visto manifestada en expedientes no solo del abuelo sino los de otros médicos del hospital que he podido consultar.

A medida que los republicanos iban perdiendo terreno, caían ciudades en poder de los sublevados. A Castellón le llegó el turno mediado el mes de junio de 1938, el día 14. El abuelo fue detenido el día 16. Como consecuencia de ello y funcionario que era de la Diputación, se le abrió un expediente de depuración que ha quedado en el archivo de esa institución.

Aquello ocurrió bastante pronto. Se anticipó a las depuraciones en el ámbito colegial, que llegarían más tarde, en la inmediata posguerra, probablemente por el tiempo que tardó en retomar la actividad el Colegio de Médicos, institución prácticamente paralizada durante la guerra y, desde luego, con menor presencia en la vida pública y menor proyección social que el Hospital y la Diputación Provincial. Luego trataremos este tema.

Volviendo al archivo de la Diputación, los datos permiten seguir más o menos lo que aconteció aún en plena guerra en España. Las cosas iban rápidas, en este aspecto –la diligencia– no se admiten quejas al procedimiento administrativo. El mismo 18 de noviembre de 1938 finalizaba el expediente de depuración que se había abierto. En el auto resumen de la proposición se puede leer: “...el Dr. Bellido Tirado es manifiestamente desafecto al Glorioso Movimiento Nacional. Motivo legal sobrado para decretar su cesantía”. El 29 de diciembre de 1938 es “declarado cesante” con “Propuesta de expulsión de esta Diputación Provincial” y acuerdo de la Comisión de Gestión”. Constan tres denuncias escritas con membretes bien claros y firmantes menos claros. La primera[6] proviene del Jefe del S.I.P.M. y Delegado de Orden Público de Vanguardia de Castellón (escrito nº 968); va dirigida al Presidente de la Diputación Provincial en fecha 13 de julio, apenas a un mes de la entrada de las fuerzas de Franco en Castellón. La firma es ilegible, pero podría ser que no conociera mucho al abuelo porque lo cita como Juan Bautista Tirado (está escrito a lápiz “Bellido Tirado” en el margen izquierdo). Es más bien un oficio de respuesta a otro salido desde la propia Diputación, fechado según se dice en 2 de julio, y refleja “lo informado por la Guardia Civil a Comisaría de Policía”. Reconoce al abuelo como “Decano de los Médicos del Hospital” y señala que es de “ideología marxista muy destacado”, que hacía propaganda, que era amigo del gobernador y que le aconsejaba “contra los enemigos de la causa roja”. Añade otra lindeza, por si acaso: “Es individuo muy peligroso para nuestra Santa Causa”. La segunda[7] (nº 1773), fechada en 8 de agosto de 1938 y con firma difícil de leer, cuyas iniciales son J. B., se ampara en “datos que obran en este Servicio” para acusarle de que “es de izquierdas avanzado en sus manifestaciones” y que “durante el Movimiento intervino como uno de los directivos (sic)”. La tercera[8] es del 24 de agosto del mismo año, proviene del ayuntamiento; no identifica ni la sección ni el negociado, pero tiene número de salida 690 de 27 de agosto. Viene rubricada por el Concejal Delegado. En ella se le acusa de ser “hombre de acción fundador de Unión Republicana en Castellón actuando en todos los asuntos del Frente Popular. En el Hospital Provincial mandó descolgar las imágenes y cuadros que habían (sic) y en vista de que no le obedecían él mismo en persona empezó a descolgarlos. Desafecto al Glorioso Movimiento Nacional”. Ésta va dirigida al Sr. Juez instructor de los expedientes de depuración de la Diputación, que no sé quién era, pero que es el que plasma la proposición de que se “declare cesante a Juan Bautista Bellido” el 18 de noviembre de 1938.

5. La cárcel. El juicio de guerra, sumarísimo de urgencia 219-C.

Hay que decir, ante todo, que la entrada de las tropas nacionales no fue una sorpresa. Es decir, que era cosa previsible y tuvo oportunidad de huir. Pero no lo hizo, se quedó en su casa, con la intención de permanecer en su puesto, con su familia. Esto fue así. Tan así como que antes de transcurridas 48 horas de la “liberación” de Castellón, estaba entre rejas. No fue el único, desde luego. La cárcel se llenó de presos gracias a esta “liberación”. Una paradoja.

De manera que el día 16 de junio de 1938 es conducido a la prisión donde se le abre el expediente procesal 2987 –o 137, hay dos anotaciones a lápiz–, tal como consta en la ficha de ingreso en la Prisión Provincial escrita a mano con una caligrafía muy barroca. En la ficha dejan claro que tiene 60 años, que es médico, que es la primera vez que ingresa en prisión; pero no hay ningún motivo explícito, quiero decir ningún punto de arranque formal para el arresto. Se puede leer “Ingresa en esta prisión procedente de: –vacío–, entregado por: –vacío– en concepto de –ahora sí hay algo, pero poco informativo, como se ve–: detenido”. Pero ¿por qué fue detenido en ese momento, tan rápidamente?

Entre la fecha de detención y el 25 de agosto en que es conducido a la cárcel de Torrero (Zaragoza) es sometido al procedimiento sumarísimo de urgencia, identificado con el nº 219-C.

Cuando empecé a reconstruir esta historia sólo disponía de referencias familiares, algún recorte de prensa y pocos papeles originales. Pero sabía el número del sumarísimo de urgencia, el 219-C. Con estos datos me fui a la Subdelegación de Defensa de Castellón donde presenté en septiembre de 2001 una solicitud para examinar esos documentos. El expediente se hallaba en el Juzgado Togado Militar nº 13 de Valencia. Es curioso que, desde ese juzgado, me llamaron por teléfono el 24 de mayo de 2002 para comunicarme que habían recibido mi solicitud y tenían intención de enviarme copias del expediente del abuelo. Así lo hicieron.

Con fecha 24 de mayo de 2002 recibí por correo ocho documentos fotocopiados muy interesantes sobre las declaraciones y la sentencia. Había, pues, cuatro declaraciones indagatorias del abuelo, una declaración de un testigo, la sentencia del tribunal, la conmutación de la pena y dos papeles administrativos. Las declaraciones son de gran relevancia, pues aparte de mencionar las previsibles y consabidas acusaciones de que era persona republicana; que había ejercido cargos (legales); que había manifestado opiniones contrarias al general Franco; que eliminaba violentamente crucifijos de las paredes (!), y de otras cuestiones que parecen propias de camanduleros, con perdón, se habla también de hechos muy serios.

En la declaración del día 22 de junio de 1938, cita a varias personas para que declaren en su defensa: un señor llamado Pedro -ilegible el apellido, con domicilio en C/ González Chermá-, la superiora de las monjas del hospital, D. Miguel Llansola, D. Antonio Albiol, ambos de Castellón, al Dr. Rodríguez Fornos –un catedrático de Medicina, en ese momento en Salamanca–, y José Sanz Cabrera, de Villareal.

La declaración del testigo Miguel Llansola, abogado de 53 años, hecha el 27 de junio, viene escrita a máquina. El testigo califica al abuelo de “inconsciente político porque ha cambiado de partido, pero dice que “tiene el concepto de que ni directa ni indirectamente puede considerársele responsable de los crímenes cometidos durante el movimiento”.

La cuarta fotocopia era una nueva declaración indagatoria del abuelo, de 30 de junio, también escrita a máquina. Se dedica casi exclusivamente al relato de un hecho trágico. De cómo fueron sacadas a la fuerza tres personas que estaban ingresadas en el Hospital más por razones de seguridad –casi refugiadas, podríamos decir– que por enfermedad. Entonces el abuelo era Decano en esa institución. Cuenta cómo, durante su ausencia –una inspección al hospital de Viver– varios enfermos fueron sacados a la fuerza del hospital, por milicianos armados, y conducidos en un coche con las siglas de la FAI. Al día siguiente, aparecieron los cadáveres de dos de ellos. El tercero llegó a la cárcel, pero fue asesinado días después. Solicita la declaración de las monjas del hospital y de algunos familiares de estas personas, confiando que sean a su favor.

La quinta fotocopia es la sentencia del tribunal del consejo de guerra, procedimiento sumarísimo, presidido por el comandante Fernández Uriel, y fechada en Castellón el 9 de julio de 1938. Le atribuyen haber pertenecido al Partido Radical, a Unión Republicana, haber sido designado en febrero de 1936 candidato a la alcaldía por el Frente Popular, compromisario para la elección de Presidente de la República y director del Hospital, cargo desde el cual desarrolló intensa labor de propaganda contra el Movimiento Nacional, llegando a decir que a “Franco había que matarlo y arrastrarlo”; le reconocen que no tomó parte en detención de enfermos del hospital, pero dicen que no hizo lo suficiente para evitarlo. Lo condenan a reclusión perpetua por delito de adhesión a la rebelión militar, además de la “interdicción civil”, inhabilitación absoluta y pago de responsabilidades civiles[9].

Tiempo después, repasando los documentos fotocopiados que me enviaron por correo me acudieron varias dudas. Ya he dicho que no soy historiador. Jamás había visto un expediente de un sumarísimo; pero daba la sensación de que aquel juego de 8 documentos recibidos en un sobre era sólo una parte de algo más amplio. Ví que había un numerillo en el margen superior izquierdo de cada hoja, que podía corresponder a una numeración correlativa. Y estaba salteado, es decir, podían haber entresacado hojas del expediente, con un criterio desconocido y quedar allí más material. Bien es verdad que podía ser que el expediente estuviera incompleto, hojas sueltas conservadas y otras perdidas.

No me equivoqué. El 7 de abril de 2003, fui a la calle de Serrano Flores número 6, de Valencia, donde se encuentra el Tribunal Militar Territorial Primero, Juzgado Togado Militar Territorial nº 13 y, tras identificarme, solicité ver el expediente de mi abuelo. Me permitieron verlo sin trabas. Repito: me dejaron verlo sin trabas. En mis notas diarias lo narré así:

Una vez en Valencia he tomado la línea 3 del metro desde Xàtiva a Alameda. Allí he visto el puente de Calatrava (feo) y he ido paseando hacia el mar, por el margen del antiguo cauce del Turia hasta los edificios militares que, agrupados, están ya en la proximidad de la Avenida Aragón. La calle Serrano Flores es absolutamente rara, rarísima. En realidad, no es una calle; pero no sé qué es, un pasillo entre edificios posiblemente. Sólo edificios militares muy rancios y de poca altura la conforman; apenas nadie transita por allí, por lo que el ambiente es casi de patio de cuartel en reposo. Larguísimas paredes claras, mal pintadas y peor conservadas, sin puertas, típicas de acuartelamientos viejotes, encarrilan tu paseo. He tenido que preguntar si el dichoso juzgado estaba allí, en la puerta que había a mitad de la calle. Un soldadito joven que portaba una ametralladora, no sé si cargada –la respuesta es sí, dado que es un soldado de verdad–, y que estaba de espaldas, se ha sobresaltado cuando desde una distancia como de apenas una brazada le he preguntado si allí había algún juzgado militar. Me ha respondido con una voz aflautada que ‘en la puerta siguiente’…, casi cien metros más allá. Cien metros que la angostura de la calle hacían parecer más largos de lo que son.

He llamado a un fonoporta y sin preguntar nada me han abierto. En la entradilla no había nadie ni nada más que una puerta enfrente y una escalera a la izquierda. Ni letreros ni nada. He coincidido con una señora que ha entrado conmigo sin intercambiar una sola palabra; como una sombra. Trabajaba allí, por lo visto después. He subido al primer piso (no hay más) y he llegado a un rellano flanqueado por los excusados (el water) de señoras y caballeros, un par de ventanillas y una puerta que da a la sala de espera. En ese rellano, en la pared, un tablón de anuncios, bajo un letrero del Juzgado Togado etc. etc., con un único papel achinchetado: se daba cuenta de la ausencia injustificada de una soldado de Granada llamada Lidia no sé qué, que se halla en paradero desconocido. Serían eso de las 11 de la mañana. A ver cómo me atendían, era la cuestión. Además, recordaba que había quedado con Miguelillo, mi sobrino, casi hijo, a comer en el Villaplana.

Me atiende un señor moreno de mediana edad y mediana estatura (o sea no digo mucho) al cual le explico quién soy y qué quiero. Le muestro las copias que ellos me enviaron hace meses. Las coge y se va. Me quedo esperando y fumo un cigarrito. Vuelvo a leer el letrero sobre el tablón de anuncios: Juzgado Togado Militar Territorial nº 13. De repente me emociono un poco frente a ese letrero. Estoy allí después de tanto tiempo, en busca de información sobre el abuelo. ¿Se imaginaría él algo así? Quiero decir, que un nieto –al cual ni siquiera conoció– indagaría sobre su vida después de más de medio siglo de su muerte. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hay alguna especie de morbosidad que me guía? ¿Por qué uno desea saber cosas de las que ha tenido noticia a través de versiones familiares, a veces con clara tendencia a “santificar” a los antepasados? ¿Es por descubrir cuánta verdad hay y ha habido en las palabras que se van transmitiendo persona a persona? ¿Y cuánta exageración o distorsión, si la hubiere? ¿Podré eludir la condición de nieto que ha recibido un poso de admiración hacia el abuelo si encontrara algo que le afectara negativamente? Hasta ahora he percibido (no evito la palabra) maldad en algunas actuaciones reseñadas en varios papeles de los archivos visitados. Sí, de acuerdo, “percibir” puede ser algo subjetivo, si se quiere, pero no necesariamente. Lo objetivo también se puede percibir. Ahora bien, si soy capaz de identificar estos comportamientos en otras personas, podría hacer lo mismo con alguien de mi propia familia…?

Eran muchas las preguntas que me han venido a la cabeza mientras esperaba la vuelta del funcionario moreno de mediana edad y mediana estatura. Se me ha hecho muy largo. Al revés de lo que ha venido a continuación, que siendo más de tres horas sentado, solo, en la habitación que me han prestado, quieto, sin fumar, frente al legajo en que consiste el expediente del abuelo, se me han pasado volando. Añádase a esto que en muchas ocasiones, al abuelo se le menciona sin el segundo apellido: Juan Bautista Bellido. Es también mi nombre. Conviene evitar cualquier tentación esquizofrénica, me digo. Pero, no miento, impresiona verse continuamente aludido en todos esos papeles oficiales, aunque sea otro individuo...

Una pausa, y prosigamos. Prosigamos con el expediente del sumarísimo. Viene encabezado por una Ficha Estadística. Reza así: FICHA ESTADÍSTICA (21-6-1946). Grado de ejecución del delito. Consumado – Sí. Participación en el delito. Autor – Sí.

En la tapa o cubierta del sumarísimo se puede leer:

EJERCITO ESPAÑOL
Juzgado A
Capitán Zambalamberri
Plaza de Castellón de la Plana
PSV nº 219
Cuño de entrada:
Fiscalía del Ejército de Ocupación
28-JUN-1938 

El primer documento que hay es de fecha 16 de junio de 1938 y el último el 21 de junio de 1946, cuando se confecciona la “Ficha estadística”. Hay entre esas dos fechas nueve largos años durante los cuales ocurrieron cosas graves que dejaron rastro documental en este sumarísimo. Veámoslo por dentro.

El 16 de junio el abuelo –como ya he adelantado– fue puesto a disposición del juez militar de la Auditoría de Guerra del Ejercito de Ocupación” (atención; ellos mismos se llaman ejercito “de ocupación”). Quedó en prisión preventiva. Un capitán del ejército de Galicia, perteneciente al SIPM y llamado Juan …–ilegible– Fernández, firma el documento:

Tengo el honor de poner a su disposición a Juan Bautista Bellido, de sesenta años, casado, natural de Castellón, con domicilio en Plaza de la Independencia 8, elemento destacado de izquierda, que ha colaborado con los rojos y que, como personalidad antes citada, alcanzó una gran votación en las elecciones de dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis para ocupar la Alcaldía de Castellón.

Castellón, dieciséis de junio de mil novecientos treinta y ocho, segundo año triunfal. Fdo.: El capitán Jefe de Sección

No cita ninguna fuente de información del tipo “según afirma fulano” o “según consta en tal y tal”, etc. No hay rastro de dónde surgen estas primeras acusaciones. Lo decía un capitán del ejército. Pues alguien se lo habría dicho a él, ¿no?

La cuestión es que el 20 de junio, el juez Zambalamberri dictó la orden de procesamiento y dio comienzo al procedimiento judicial.

Así que no hubo demora: nada más entraron las tropas franquistas, fueron a por él a su casa. De allí, una pareja de guardias –según me contó Rafael Ribés Pla, testigo de esa salida, persona entrañable que escribió una semblanza del abuelo en el periódico Mediterráneo el 5 de septiembre de 1987– lo llevaron a pie a la cárcel, que al fin y al cabo estaba a pocos metros de su casa. Desde la plaza de la Independencia 8 por la Ronda Magdalena hasta la prisión, unos 300 metros. El mismo día 16 el juez solicita varios informes a las autoridades del momento, que lo responden presto:

Sr. Delegado de Falange, con firma legible de J. Bordils
El Capitán Delegado del Ejército de Galicia, confirma ilegible de alguien.
Alcaldía, que lo responde el “concejal delegado”, con firma legible de Germán Huguet

Esos informes son remitidos antes de que acabe el mes de junio. Los dos primeros son los más duros. Atención a la ortografía. En el de Bordils, de 24 de junio, se puede leer que “es ateo llegando a prohibir el huso (sic) de brazaletes de la Cruz Roja, pues decía que ni esa cruz quería en Castellón”; que, y esto es lo más tremendo, “estando bajo su custodia hemfermos (sic) I, J y A permitió que se sacasen para ser asesinados sin protesta”; que “fue amigo y asesor del Gobernador Manuel Rodríguez, consiguiendo que le nombrasen Presidente del Colegio de Médicos ante el descontento de sus compañeros, intentando hacer constar en acta que había sido elejido (sic) con el beneplácito de aquellos, lo cual no consiguió”. Por último, le atribuye participación en la organización de las fuerzas que fueron a Teruel y lo califica de “propagandista de ideas disolventes (sic)”. Posiblemente se refiera a la organización del servicio médico de la columna Casas Sala, que fue motivo de desencuentros entre colegas del hospital.

Otro testimonio, el de la alcaldía, tiene fecha 21 de junio y es más suave y –sorpresa– con algún punto a favor del detenido. Se centra en el componente político del acusado. Dice que fue “afiliado al Partido Radical y luego a Unión Republicana. Propuesto en la antevotación, por su partido, para alcalde. Compromisario para la elección de Presidente de la República”. También dice que “se supone pertenece a la secta masónica”. Pero, sin embargo, Germán Huguet manifiesta que “ha intercedido repetidas veces a favor de personas encarceladas durante el dominio Rojo”. Lo cual concuerda con lo alegado por él, y con más datos que luego daré.

Interesante resulta la declaración de un testigo que en algún lugar el abuelo reclamaba como posible defensa. Bueno, no fue exactamente así. La cuestión es que en lugar del reclamado fue su hijo. Y en lugar de una defensa vino un ataque. Y vino de un sargento de 25 años, soltero, de Castellón. Leemos que dice que es hijo de Pedro Salvia y puede declarar por ausencia... (?). Acusa al abuelo de haber pronunciado frases como “a los militares no solamente hay que matarlos a todos, sino que la muerte sea lenta haciéndolos antes sufrir. ¡Franco!, a ése hay que castrarle, matarle arrastrarle”. Lo acusa de haber denegado ayuda a un médico falangista, prisionero en Teruel, y a continuación da el nombre de ese médico a quien supuestamente tan duramente trató, nombre que no aparece en todo el sumario o sumarísimo ninguna otra vez.

Con esta información tan afinada y flébil el día 27 de junio de 1936 el juez instructor solicita un paso más, solicita que el detenido debe ser procesado por el Consejo de Guerra Permanente. Nada de bromas. Y sin más demora, el mismo día 28 el fiscal ya ha reflexionado lo bastante como para solicitar la PENA DE MUERTE (las mayúsculas son mías, las resalto porque es un momento importante: que a uno lo quieran matar es cosa muy seria y, aunque da igual que te maten en mayúsculas o en minúsculas, prefiero resaltarlo aquí con esta aclaración entre paréntesis).

El día 30 de junio hay otra “declaración indagatoria” del abuelo y nuevas preguntas. Y en esto surge un personaje que pone una brizna de razón. Es el Presidente del Tribunal, el señor Santos Fernández Uriel. El señor Santos devuelve el sumarísimo al Sr. Juez de Instrucción “a fin de que se practiquen las diligencias necesarias para averiguar si permitió que se sacasen del hospital enfermos de derechas para ser asesinados según afirma el informe de FET y de las JONS, en qué fecha tuvo lugar [el subrayado es del Sr. Santos, desvelando que ni siquiera esta carencia había impedido al fiscal solicitar que se matara a una persona], también, si según afirma el procesado en su indagatoria, fue destituido por un comité rojo de su cargo de director del hospital y en qué fecha.” Este juez, por lo menos, quería que la gente concretase las acusaciones y las defensas[10].

Prosiguiendo con los documentos, veo que el día 8 de julio se convoca la vista oral para el día siguiente, día 9 de julio en ausencia de testigos, sólo ante el fiscal y la defensa.

Día 9 de julio. Juicio Sumarísimo. Vista oral. “El defensor expuso que los hechos realizados fueron debidos a las circunstancias, y solicita la rebaja de la pena” [no es muy brillante la defensa, francamente]. “El procesado se afirmó en sus declaraciones”. El fiscal aprecia delito y solicita la pena de muerte, elevando a definitiva su calificación provisional.

El documento número 15 del expediente es el de la Fiscalía del Ejercito de Ocupación (sic), donde le atribuye: Afiliación política a Izquierda Republicana [¿IR?]; compromisario para las elecciones generales; significada amistad con dirigentes marxistas; amparo de crímenes perpetrados por los marxistas, al permitir que enfermos fueran sacados del hospital para ser asesinados; alentar públicamente la comisión de asesinatos; e insultar a militares nacionales. Por lo que lo acusa de “adhesión a la rebelión, número 2 del artículo 238 del Código de Justicia Militar. Con el agravante de “perversidad” del procesado, de conformidad con el artículo 173 de etc. etc. Penas que se piden: Muerte, accesorias en caso de indulto y expresa declaración de responsabilidad civil, sin fijación de cuantía de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 10 de enero de 1937. Castellón 28 de junio 1937. II año triunfal. Firma ilegible del Fiscal Jefe.

No obstante, la vista concluye con la sentencia del Tribunal del Consejo de Guerra, en Castellón, procedimiento sumarísimo, presidido por el comandante Fernández Uriel, y fechada en Castellón el 9 de julio de 1938. Le atribuyen haber pertenecido al Partido Radical, a Unión Republicana, haber sido designado en febrero de 1936 candidato a la alcaldía por el Frente Popular, compromisario para la elección de Presidente de la República y director del Hospital, cargo desde el cual desarrolló intensa labor de propaganda contra el Movimiento Nacional, llegando a decir que a “Franco había que matarlo y arrastrarlo” [castrarlo, por lo visto, ya no]; le reconocen que no tomó parte en la detención de enfermos del hospital, pero dicen que no hizo lo suficiente para evitarlo. Lo condenan a reclusión perpetua por delito de “adhesión a la rebelión militar”, además de la “interdicción civil”, inhabilitación absoluta y pago de responsabilidades civiles.

El 12 de julio el auditor comprueba la sentencia, da el visto bueno y declara la sentencia Firme y Ejecutoria. El sumario lo recibe el Juez Serrano Avecilla (no sé interpretar este cambio de juez; ¿fue por la muerte del señor Santos?).

El 30 de julio de 1936 se le notifica al abuelo la sentencia. Se la leen y firma el enterado. Faltaba menos de un mes para que cumpliera 60 años. Los iba a cumplir en una celda de la cárcel de Castellón, donde estaba detenido hacía apenas mes y medio, en la Ronda Magdalena, cerca de su casa. Cerca de sus amigos y , posiblemente, más cerca de sus enemigos.

El 14 de agosto hay un documento digamos que contable. Se hace la “Liquidación del tiempo de condena del acusado”. Esto consiste en descontar de la pena perpetua, que son 30 años, los días de reclusión desde que fue detenido, el 16 de junio y condena ejecutoria el 12 de julio. Le descuentan 26 días que les han salido de esa cuenta macabra, con lo que le anuncian que se va a la cárcel para pasar 29 años, 11 meses y 4 días.

El 3 de septiembre el juez militar da cuenta de que se produce el traslado a la prisión de Torrero, en Zaragoza.

El 6 de septiembre se envía un escrito al Registrador de la Propiedad. Y el 27 de septiembre tiene entrada la sentencia en la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Castellón. Podemos pensar que la incautación de bienes le importa poco a un penado a cadena perpetua –que se acaba de librar, por los pelos, del pelotón de fusilamiento–, pero iba a tener gran repercusión en los familiares, y lo que esto le preocupa queda sobradamente reflejado en sus cartas desde la prisión.

Las perspectivas eran muy negras: encarcelado en una prisión abarrotada de reclusos, en condiciones infames de habitación e higiene, y con una larga condena por delante[11].

Hay pocos rastros documentales de la vida carcelaria a los que haya tenido acceso. Gracias a Juan Luis Porcar y a Teresa Armengot, compañeros del Grup de Recerca de la Memoria Històrica, dispongo de una copia de la diligencia de ingreso en la cárcel. Y poco más. Hay cartas a familiares que denotan gran preocupación por esposa e hijos, frases relativas a los intentos de revisar su condena, sugerencias de petición de ayuda a determinadas personas, peticiones de libros de medicina para leer en la celda, etcétera. Y un par de historias llegadas a mí a través de mi padre. Recuerdo que me contó que el abuelo, por su condición de médico, entró a ayudar en la enfermería de la prisión y se enfrentó a un brote de sarna del que salieron airosos a base de untar con solución azufrada a los afectados y controlar a los nuevos internos que ingresaban. También que a través de su ventanuco oyó al tenor valenciano Carlos Lizondo cantar el Adiós a la vida ante el pelotón de fusilamiento. Dramático. Ambos episodios son descritos por Ramón Rufat en su libro En las prisiones de España, lo que me confirma los hechos que me llegaban por relato verbal familiar. Al abuelo lo cita como Juan Vellido, con V. Además del citado libro del padre Gumersindo de Estella, otro autor, Iván Heredia Urzáiz, describe también la historia de esta prisión desde una perspectiva más fría, más estadística, en otro texto: Delitos políticos y de orden social. Historia de la cárcel de Torrero (1928-1939). Miles de presos instalados en un hacinamiento superlativo y centenares de fusilamientos injustificados, sobre todo a partir del año 1939.

Durante su permanencia en la cárcel, sus familiares hicieron, como era de esperar, las gestiones que estuvieron a su alcance para liberarlo o, al menos, atenuar la pena. Quedaron en Castellón bajo las duras condiciones de aquellos años, pasando hambre y con el abuelo encarcelado. Mi padre –entonces un adolescente– me contaba que su cuñado Manuel Calduch Almela, el farmacéutico y botánico, fue para él el sustituto del cabeza de familia en aquel periodo.

Mi padre tenía 15 años cuando su padre fue encarcelado y 18 recién cumplidos cuando el 29 de septiembre de 1940 salió en libertad condicional, con 62 años, aviejado en exceso después de sufrir las condiciones de dos inviernos en Torrero. ¿Qué había ocurrido para reducir aquella pena inicial de 30 años de reclusión mayor? Veámoslo.

En el sumarísimo encontramos que el 23 de junio de 1940 hay una Propuesta de Conmutación que, partiendo de la Comisión Provincial de Castellón, propone la rebaja a 20 años de reclusión mayor –expediente 3138 de la Comisión de Central de Examen de Penas del Ministerio del Ejército–. De ello se da traslado a la Comisión Central de Revisión de Penas, del Ministerio del Ejército. Es una breve instancia mixta de petición y concesión: fechada la petición en 18 de junio de 1940 y concedida la conmutación el 22 de junio y firmada el 23 de junio. La pena que comenzó a cumplir el 16 de junio de 1938, ahora le es conmutada a 10 años de reclusión mayor y accesorias de la pena primitiva. Los motivos de esta conmutación de pena sólo son aludidos genéricamente: por cumplir el grupo V de una disposición legal de entonces. Es curioso que la propuesta de la Comisión de Castellón es el pase de reclusión perpetua –30 años– a 20 años, y que la Comisión Central la reduce a la mitad: 10 años.

Con todo, con las circunstancias adversas que le esperaban en la vida civil en Castellón, marcado por su pasado “rojo”, aun se comprende la buena noticia que suponía librarse de seguir en una celda de Torrero, librarse de cumplir la reclusión a la que inicialmente fue condenado de manera inicua.

Adelantemos aquí que finalmente fue indultado el 9 de marzo de 1946 por “no haberse demostrado participación en muertes, violaciones y demás delitos repugnantes”.

6. La posguerra

6.1. Tramo final de la condena e indulto total. Fin del expediente sumarísimo militar.

Hemos visto que el 29 de septiembre de 1940 obtuvo la libertad condicional. Salió de la cárcel, si bien es cierto que tenía que presentarse mensualmente en las dependencias de la prisión de Castellón, y así lo hizo, dejando constancia de ello por escrito en cada ocasión (hasta 1943 por lo menos). Con gran parte de los bienes incautados, pagando regularmente una multa desorbitada (ver más adelante) y sin su trabajo en el Hospital Provincial, las perspectivas no daban para ser muy optimista. Pero, aun habiendo visto la parca muy de cerca, había salvado la piel. Recordemos que al médico Dr. Juan Peset Aleixandre, después de librarse de la muerte en un primer sumarísimo de guerra, cierto oftalmólogo camandulero aspirante a bederre insistió hasta que fue fusilado en Paterna en mayo de 1941, tras un segundo (!) consejo de guerra[12].

Prosigamos. El proceso abierto en el sumarísimo de urgencia durante la guerra siguió sus vicisitudes seis años más. Y en él encontramos el rastro de lo acontecido hasta la libertad definitiva y el indulto. Veámoslo de forma rápida:

  • 17 de noviembre de 1945. Pide al Capitán General de Valencia (3ª Región Militar) que le sean aplicados los beneficios del indulto que determina el Decreto de 9 de octubre de 1945.
  • 21 de febrero de 1946. El Fiscal Jefe de Valencia informa favorablemente que se le aplique el indulto.
  • 9 de marzo de 1946. El Auditor accede a lo solicitado por el abuelo y lo declara indultado del delito de rebelión. Pero –siempre hay un pero– no afecta a las penas accesorias. Este auditor concede el indulto por “no haberse demostrado participación en muertes, violaciones y demás delitos repugnantes” (ya dicho antes).
  • 12 de marzo de 1946. El Capitán General de Valencia concede el indulto de la pena de Reclusión Mayor (no sé por qué, se dice 12 años ¿?)
  • 16 de marzo de 1946. El juez Sr. Villalonga Bueso, en Castellón, comunica al abuelo el indulto. El abuelo estaba en libertad condicional con domicilio en la plaza de la Independencia 8, Castellón, donde lo habían detenido.
  • 18 de marzo de 1946. Certificado de liberación definitiva (papel oscuro, de color diferente al del resto de los del expediente).
  • 4 de mayo de 1946. Se archiva el expediente del abuelo en el Gobierno Militar de Castellón.
  • 12 de junio de 1946. Se asienta la última nota en la ficha estadística.

De manera que permaneció en libertad condicional hasta que obtuvo el indulto en 1946. En fecha 18 de marzo de ese año, el director de la prisión de Zaragoza, Teodoro Quirós Toledano, firmó el certificado de libertad definitiva. Y ahora pasemos a otra cosa. Veamos qué ocurría en la sociedad civil.

6.2. El Juzgado de Instrucción de Responsabilidades Políticas de Castellón

Ya hemos visto que la detención y condena mediante sumarísimo de urgencia le acarrearon la pérdida de empleo en el hospital y la apertura del primer expediente de depuración, el de la Diputación Provincial. Corría el año 38. A este primer expediente se le unieron dos más que comenzaron su andadura con posterioridad, en el año 1940. El expediente de depuración en el Colegio de Médicos de Castellón y el expediente abierto por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Castellón. Empecemos por este último, que sólo tocaremos brevemente.

  • El 28 de agosto de1940 se abre el expediente nº 4956, del que es Juez Instructor Víctor Núñez y Secretario Ramón Martín Ripollet.
  • 17 de febrero 1941. Sentencia nº 1349 del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia por la que impone la económica de 250.000 (doscientas cincuenta mil pesetas). Expediente 4956, jueces Eugenio Serrano García, Gil López Ordás y Salvador Montesinos Bonet.
  • 11 de Junio 1941. El mismo tribunal con distintos jueces estima el recurso presentado y reduce la sanción anterior a la mitad (125.000 pesetas) y concede que para que sea el abono de esa cantidad sea factible, se fraccione en sucesivos y numerosos plazos.

Este expediente obra en el Archivo Histórico Provincial de Castellón. Este archivo de causas civiles era desconocido para mí. Acudí gracias al amigo Pepe Sanz-Lamas, que incluso me prestó su carnet para adentrarme en los expedientes el primer día. Consulté bastantes, unos por vecindad con el de mi abuelo, otros buscando los de personas que pudieran aportarme información sobre él. En ellos –en los expedientes– se detallan acusaciones que bien pueden provenir de otras instancias (por ejemplo el sumarísimo), o testimonios acusatorios de otras personas. Una nota muy áspera del Delegado Provincial de Información e Investigación de la Falange Española y de las JONS. Escrito nº 9509 de 13-11-0940, que firma José Gascó, lo tacha de “cacique de la clase médica”. En otro documento aparece calificado de “jerifalte médico”.

Pero, en definitiva estos expedientes se centran en aspectos económicos. Por ello, no es raro que haya una detallada relación de los bienes de los procesados y de sus familiares directos, todo con vistas a imponer una sanción pecuniaria. También encontré relatado la desaparición de sus libros y del material de la consulta médica, incluido aparato de rayos X. Nunca se ha sabido (con certeza) el destino de este material médico que a pocos podía ser útil.[13]

Lo más relevante de la información aquí depositada es que se ve cómo hubo de afrontar la posguerra en situación económica difícil porque había perdido su empleo y, ahora, tocaba el turno a sus bienes (unos incautados, otros no). El resultado fue que para poder mantener a su familia y pagar la multa solicitó fraccionar el pago en cuotas que, cuando murió, todavía no había completado en su totalidad. Algunos de los bienes mobiliarios sufrieron peripecias que mejor no contar ahora, porque no las tengo bien documentadas, sólo rastros elocuentes.

De entre los informes solicitados por este juez, hay uno que sí voy a mencionar con más detalle porque tiene relación con los asesinatos descritos en el sumarísimo. Proviene de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la Provincia de Castellón, de la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad (uf). En este informe se afirma de los pacientes sacados del Hospital Provincial que “fingiendo enfermedad” ingresaron en el Hospital Provincial de donde fueron sacados luego y “asesinados por las hordas rojas”. Es decir, si estaban fingiendo enfermedad, eso apoya la tesis de que estaban ingresados por su seguridad, al ser personas de derechas (tiempo después, consulté los archivos correspondientes, los libros de altas del Hospital Provincial y confirmé que todos fueron sacados de allí el día 30 de agosto de 1936; asimismo, cosa muy relevante, constaté que los diagnósticos de ingreso daban alguna pista: reumatismo, insuficiencia cardíaca y psicosis de espanto. No están entre las enfermedades más frecuentes por las que se hospitalizaba a los pacientes en aquellos tiempos, ni mucho menos.

6.3. Colegio de Médicos

Respecto al Colegio de Médicos, hay que decir que en 1917 una disposición legal hizo obligatoria la colegiación profesional, de manera que entonces se inscribieron bastantes facultativos que venían ejerciendo desde hacía años. Mi abuelo lo hizo con el número 33. En esta institución no se han conservado los expedientes completos de aquellos años, pero sí que existen las fichas de los colegiados (una hoja por cada uno) y los libros de actas antiguos. En la ficha del abuelo quedó registrado un sintético historial que a continuación reproduzco en parte:

  • Ingresa en el Colegio: 17 de junio de 1917
  • Cargo: Decano Beneficencia Provincial
  • Contribución: Alta en Almazora el 1 de enero de 1942
  • Baja en Almazora el 31 de diciembre de 1942
  • Alta en Castellón el 1 de enero de 1943
  • Historial:
    • Baja por acuerdo del Consejo Directivo el 18 de marzo de 1940 por hallarse cumpliendo condena impuesta por los Tribunales de Justicia por su actuación en la Revolución Marxista.
    • En sesión de 12 de julio de 1941 se le concede el reingreso que tiene solicitado por haber reanudado su ejercicio profesional, fijando su residencia en Almazora.
    • Depurado en sesión de 21 de octubre de 1942, imponiéndosele la sanción de inhabilitación para cargos y mando y prohibición de ejercer en Castellón durante un año.
    • 8.1.52= a propuesta de esta Junta Directiva y por acuerdo del Consejo General de Colegios se le concede la condición de Colegiado de Honor [por haber cumplido la edad, apostillo].

En este escueto “historial” nada se dice de un hecho que, sin ser esencial, considero digno de ser narrado ahora, pues viene a complementar una faceta de la historia en la que estamos ocupados (yo escribiendo y ustedes –si hasta aquí han llegado– leyendo). Ocurría pocas semanas después del inicio de la guerra, en la sede del Colegio de Médicos, cuando muchas instituciones se estaban viendo afectadas por la agitación social y administrativa.

Sucedió que, después de un decreto por el cual se disolvían todas las juntas de colegios profesionales, el gobernador civil republicano designó al abuelo para ocupar la presidencia accidental del Colegio Oficial de Médicos de Castellón en sustitución del Dr. D. Juan Palomo Martí, que fue el presidente durante casi la totalidad del periodo republicano, desde 1932, y lo era ese momento. Ambos médicos eran connotados profesionales y mantenían una buena relación personal que se ha prolongado en hijos y nietos –me incluyo entre estos últimos–. De este hecho –la presidencia accidental del Colegio de Médicos– nunca fui sabedor hasta que hurgando en los archivos encontré el documento que daba fe de todo ello. Es un acta conservada en el propio colegio, de fecha 5 de agosto –a las 11 de la mañana– firmada por los interesados y en la que se da cuenta del traspaso de funciones y el arqueo de los bienes del colegio, suma que asciende a un total de 17.752,23 pesetas. Junto a mi abuelo, asumía las funciones de secretario el radiólogo del hospital, Rafael Ribés Gómez. El abuelo lo relata de este modo en uno de sus testimonios escritos: “Suspendidos por decreto ministerial los estatutos de los colegios médicos y sus juntas directivas fui nombrado por el Sr. Gobernador Civil presidente interino sin otras atribuciones que despachar los asuntos de trámite juntamente con un secretario y avalar para el carnet de colegiado a los médicos de la Provincia - Sin excepción avalé a todos y facilité la evasión de todos los perseguidos por su significación derechista”. Más tarde explica que el colegio profesional, bajo la imposición de un comité venido de Valencia “fue trasformado un sindicato médico al que hice entrega oficial mediante arqueo y acta”.

No hay, hasta donde he podido constatar, documentos que dejen constancia de actividad institucional del Colegio hasta la época posterior a la entrada de las tropas franquistas en Castellón.

En el libro de actas de los años 1940-1945 del colegio, un único tomo, es donde se relatan las sesiones que tuvieron lugar en aquel periodo. En la sesión de 5 de agosto de 1940, bajo la presidencia de Ángel Sánchez Gozalbo, acompañado de otros colegiados, se discuten los trámites para la depuración. “Se acuerda solicitar a la Delegación Provincial de Falange y JONS una relación de los médicos que figuran en dicha organización y cuyos antecedentes y los que ha facilitado la Jefatura Provincial de Sanidad servirán de base para formar un fichero de depuración de colegiados de cuya organización queda encargado el Secretario del Consejo Directivo (…)”.

El 8 de noviembre de 1940 se designan jueces para la depuración de colegiados. Se designa a Federico Francia Pascual juez instructor “propietario”, y a D. Manuel Oliver Tejedo suplente. También se da cuenta de una orden de la Dirección General de Sanidad por la que se encarga a los colegios médicos la depuración de matronas profesionales, “acordándose designar juez instructor encargado de tales depuraciones al colegiado de Castellón Dr. Vicente Altava Alegre” (que más tarde formaría parte de la junta como vocal, tesorero y presidente). En actas posteriores (25 marzo de 1941) se da cuenta de algunos cambios y relevos de estas designaciones.

En aquel movimiento de cargos colegiales de la agitada posguerra se sucedieron cuatro presidentes hasta que, en 1949, la asumió Pedro Muñiz –que ya había sido candidato en 1941– “por designación de la Superioridad”, como era lo habitual entonces. Ha sido la presidencia más duradera del Colegio, que concluyó en 1970, más de veinte años después.

En la sesión de 21 de octubre de 1942, presidida aún por Ángel Sánchez Gozalbo acompañado de una junta con pocos miembros –Milián, Sanz y Altava–, se resuelven los expedientes de depuración del abuelo y seis médicos más. Fueron: Carlos Marco Beltrán, Octavio Sales Nicasio y Luis Esteban García. Los tres resueltos sin sanción. Después, encontramos a Gonzalo Alonso Viana, al que se le sanciona con inhabilitación perpetua para puestos de mando y confianza; Manuel Rozalén Sales, lo mismo, pero con prohibición del ejercicio profesional 6 meses en el lugar que ejercía el 18 de julio de 1936, a contar desde la fecha que solicitó el reingreso; Vicente Fuster Alfonso, cuya sanción es la más fuerte que he visto, con la prohibición del ejercicio durante 10 años en el territorio provincial; por último, el abuelo, Juan Bautista Bellido Tirado, con “sanción de inhabilitación perpetua para cargos de mando y confianza privándole un año de ejercer la profesión en el lugar de residencia que tenía el 18 de Julio de 1936, a contar desde la fecha que solicitó el reingreso”. Los reingresos tenían una condición de provisionalidad hasta que se resolvían los expedientes de depuración. Y no hay duda de que había destierros profesionales, se les llamara como se les llamara. En definitiva, del Hospital Provincial fueron depurados no pocos de sus facultativos, bien fuera por el Colegio de Médicos, o bien por la Diputación, o por ambos, unos con sanción y otros sin ella, dependiendo de las consideraciones y dictámenes emitidos por los jueces en cada caso. La lista es variada; algunos, incluso, de significación política derechista, pero que las circunstancias los habían llevado a prestar servicio sanitarios en el ejército de la república o las milicias.

[Ciertamente, al vocablo “depuración” cuesta acostumbrarse. O a mí me ocurre eso. Me refiero a cuando es referida a personas, claro. Es una palabra extraña. La he leído y escrito y pronunciado incontables veces. Aplicada al agua es algo sano; aplicada a personas no deja de tener un sabor muy amargo. Pero, en fin, es así. A la gente se la depuraba, se analizaba si contenían impurezas y se eliminaban.]

Y, bueno, todos los expedientes de depuración colegial se llevaron a cabo bajo la misma presidencia. Los últimos de la serie se resolvieron en sesión de 26 de febrero de 1942. Todos excepto uno de un médico llamado Fermín Bonilla, que solicitó una especie de certificado de que había sido depurado sin sanción (no a todos los sancionaban), para poder ejercer en Teruel y no volver a someterse a la depuración. Parece algo residual, fue el 4 de enero de 1945, ya bajo la presidencia del Dr. Altava. Meses antes, en sesión de 10 de octubre de 1944, se les había ofrecido a los médicos que estaban en libertad vigilada la posibilidad de presentarse en el Colegio en lugar de en sede policial.

Hay que decir que la actividad de los colegios profesionales en cuanto a depuración de parte de sus colegiados en aquella desgraciada época fue cosa común, lamentablemente. Tenía su fundamento administrativo en determinadas disposiciones legales del bando franquista a las que había que dar cumplimiento. Es una historia por escribir. He citado al famoso Dr. Juan Bautista Peset Aleixandre, quien fuera rector de la Universidad de Valencia y cuyo expediente sumarísimo ha sido reproducido y editado por la Universidad de Valencia. Asimismo existe podemos rememorar al Dr. José Chabás Bordehore, destacadísimo médico de Denia que aportó mucho a la lucha antituberculosa en España, rescatado del olvido y biografiado por el Dr. Josep Lluís Barona, catedrático de la Universidad de Valencia[14].

6.4. Diputación y Hospital Provincial. El regreso denegado

Tiempo después, recién indultado, solicitó el reingreso al Hospital y le fue denegado aduciendo que no se ajustaba a no sé qué norma “taxativamente”. La documentación, cuyo trámite duró lo suyo, refleja esta secuencia: el 18 de marzo de 1946, con 67 años, obtuvo la libertad definitiva por indulto del resto de la pena. El 18 de julio de 1947 solicitó la revisión. El 12 de noviembre de 1947 fue cuando un Jefe de Negociado presentó un escrito a la Ponencia Central para reabrir el “expediente de depuración político-social”. El 28 de junio el Presidente de la Diputación acepta que se revise el expediente, junto con los de Juan Peña Arnau, Luis Senís Almela, médicos, y otros (un administrativo y un enfermero). El 14 de septiembre de 1948, el Gobernador Civil, que había recibido la petición remitida por la Dirección General de Administración Local y esta a su vez de la Diputación, la deniega en virtud de una disposición legal de 1939 interpretada durísimamente.

Cuando el abuelo murió, el 18 de noviembre de 1952, su viuda –mi abuela– solicitó una pensión. Y, lo que son las cosas, le fue concedida. Los detalles se pueden leer en un escrito de 2 de marzo de 1953. El resultado de la solicitud fue el reconocimiento del 50% del sueldo que tenía el abuelo cuando lo depuraron y cesaron: 5.000 pesetas, más dos quinquenios de 500, son 6.000 pesetas al año; le quedaron, pues, 3.000 pesetas al año. En ese escrito resume el historial laboral del abuelo y resulta en 32 años 9 meses y 9 días, hasta su cese en 1938. Resulta rayano al humor negro que, habiéndole negado cualquier tipo de reinserción laboral (y por supuesto sueldo) en vida, tuviera que morir para que desde la Diputación se le reconocieran los servicios prestados y a su mujer se le adjudicara una pensión de viudedad con el frío cálculo sobre la nómina histórica del fallecido e inexistente ex-Decano.

6.5. El trabajo como médico en la posguerra

Expulsado del Hospital y cesado como funcionario de la Diputación; prohibido el ejercicio profesional temporalmente en Castellón, fue en Almazora donde tuvo consulta durante el tiempo que duró ese destierro. Regresó a Castellón y reanudó el ejercicio médico en su consulta de siempre, en el bajo de su casa en la plaza de la Independencia 8, esquina con la ronda Magdalena, recordemos. Si uno miraba desde esa esquina hacia su izquierda, podía ver el muro del patio del la cárcel. Allí fue anotando cada día, en unas libretas apaisadas de tapas rígidas, los datos básicos de los pacientes que atendía en su consulta. En esas libretas viene el nombre, la edad, la población de residencia, datos clínicos y tratamiento, así como lo que cobraba en cada consulta a su clientela que, con todo lo que había llovido, le seguía otorgando confianza profesional y acudía a su médico, a él.

El 21 de septiembre de 1948, una vez baremada la solicitud pertinente, fue aceptado como médico del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), especialidad en Neuropsiquiatría, con el número 6936. Continuó ejerciendo por vocación y necesidad mientras su salud se lo permitió, y llegando a compartir consulta con su hijo Miguel (mi padre), médico que en aquellos tiempos estaba en el inicio de su andadura profesional.

El médico, Juan Bautista Bellido Tirado, que fue Decano del Hospital Provincial de Castellón durante todo el periodo de la II República española, murió en su casa a los 74 años de edad, el día 19 de mayo de 1953, sin haber visto cumplido su deseo de volver al Hospital Provincial. Mi padre, que para eso era un poco romántico, conservaba una petaca de cuero con el último cigarrito de picadura liado por el abuelo y a medio fumar; una colilla, en realidad, con la que se despidió de este mundo y la que constituye una metáfora de cómo la vida puede llegar a tratar a una persona en determinados momentos. Pero no nos quejemos, no nos quejemos. El hombre que lió aquel pitillo delgado e irregular, nos había dado pábulo para la confianza. Cerremos este escrito con su remembrada frase del principio: “Confío en que la justicia ha de resplandecer…” A ver.

Bibliografía

BARONA J.L. (2007) José Chabás Bordehore (1887-1963). Tuberculosis y Medicina Social en la Valencia del primer tercio del Siglo XX, Consell Valencià de Cultura, Valencia.

CANTÓ F. (1965), Dr. José Clará Piñol. Notas sobre su vida y su obra, Diputación Provincial, Castellón.

ESTELLA G. (2003) Fusilados en Zaragoza, Mira editores, 2ª edición, Zaragoza.

HEREDIA URZÁIZ I. (2005) Delitos públicos y orden social: Historia de la cárcel de Torrero (1928-1938), Mira editores, Zaragoza.

RUFAT R. En las Prisiones de España. México.

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CASTELLÓN (2000), Libro del I Centenario.

STEFAN ZWEIG (2001). Castiello contra Calvino. Conciencia contra la violencia. El Acantilado, Barcelona

Fuentes consultadas

Archivos militares del Juzgado de lo Togado Militar nº 13, Valencia

Archivos de la Subdelegación de Defensa, Castellón

Archivo de la Diputación Provincial de Castellón

Archivo del Colegio de Médicos de Castellón

Archivo Histórico Provincial de Castellón.

Registro del cementerio de Castellón.

Hospital Provincial de Castellón.

Archivo del Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló

Registro Civil (colaboración de Miguel Bellido Torres).

Cartas desde prisión. Documentos de la familia Bellido.

Entrevistas con familiares.


[1] En ella, su parecido con mi sobrino Miguel Bellido es tremendo.

[2] Que fue mi primer domicilio en este mundo.

[3] Esposa del farmacéutico y botánico Manuel Calduch Almela.

[4] Archivo de la Diputación Provincial de Castellón. Expediente del médico MAA. Informe de Falange Española Tradicionalista de los J.O.N.S.

[5] Archivo familiar. Carta manuscrita del abuelo.

[6] En el membrete también se puede leer Cuerpo del Ejército de Galicia en el vértice izquierdo y los correspondientes Viva España y II Año Triunfal en el derecho.

[7] Con membrete del Servicio provincial de Información e Investigación de las FET y de las JONS.

[8] Con membrete de Alcaldía Constitucional (sí, constitucional, dice) de Castellón.

[9] Debo decir que en alguna ocasión oí decir a personas del círculo familiar que había sido condenado a muerte, cosa que este documento desmentía, a pesar de que faltó poco para que fuera cierto, como luego se verá.

[10] Un inciso, ahora. En mi casa oí hablar del señor Santos, que se hospedaba en una casa de la calle Zaragoza, creo, donde lo encontraron un día muerto. Se suicidó, según la versión que me ha llegado, por no poder aguantar tanta crueldad, tanta miseria.

[11] El padre Gumersindo de Estella en su libro Fusilados en Zaragoza, retrata de manera cruda lo que en aquel ominoso edificio ocurría, y hay pasajes en los que a uno se le hiela la sangre.

[12] Pero no obstante la vida tiene esas cosas, hoy uno de los hospitales de Valencia lleva su nombre, el Hospital Dr. Peset; como, en Canarias ocurre con el Hospital Juan Negrín; en Barcelona con el Hospital Germans Trias i Pujol y el Dispensario Lluís Sayé. Habrá más ejemplos. A todos, después de ser repudiados, se les recuerda hoy honrosamente. 

[13] Permítaseme otro pequeño inciso que no puedo guardarme. Me llamó la atención un expediente que ojeé, en la misma caja que el del abuelo, parvo en documentos, de un vecino de Benasal, acusado por el cura y del que el funcionario que tomaba declaración escribió: “afirma que como nada tiene, nada teme”. En general el grosor de los expedientes tiene relación con los bienes de los encartados. Pero salgamos de esta nota al pie de página y retomemos el hilo.  

[14] De estas lecturas se aprende mucho del tono con que “argumentaban” unos y se defendían otros. Nada de medicina, desde luego; pero bastante rancunia en las demasiadas acusaciones.