Juan Miguel Palomar

Lectura 10: El proceso de depuración  del profesorado de enseñanza secundaria en España durante el franquismo (1936-1943) del libro:

Negrín Fajardo, O. y Vergara Ciordia, Javier (2010): La educación como dimensión práctica. Una respuesta histórica, Universitaria Ramón Areces, UNED, Madrid

Para el estudio he utilizado principalmente los artículos siguientes:

Olegario Negrín Fajardo (2007): Los expedientes de depuración de los profesores de instituto de segunda enseñanza resueltos por el Ministerio de Educación Nacional (1937-1943), Hispania Nova, nº 7, a través de hispanianova.rediris.es.

Carmen Sanchidrián Blanco, Isabel Grana Gil y Francisco Martín Zúñiga (2010): Magisterio en España,  Análisis y valoración de los expedientes de depuración del profesorado de Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo (1936-1942). Revista de Educación, 356. Septiembre-Diciembre, Universidad de Málaga,  Málaga.

La consulta se ha realizado por internet con la lectura de la bibliografía que cito al final del trabajo.

El franquismo ha sido ampliamente estudiado en la vertiente social y política. La represión de la dictadura ha sido objeto de estudio preferente en numerosas obras. Sobre la depuración del funcionariado se ha investigado la educación primaria en primer lugar, mientras la secundaria y universidad han recibido menos atención.

El primer artículo son conclusiones de tipo cuantitativo del proyecto HUM05-02106 del Plan Nacional de I+D+I, del Ministerio de Educación y Ciencia con el objeto de cubrir la laguna dentro de la historiografía sobre las depuraciones. Se han analizado los 2.445 expedientes conservados en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares. De ellos se han extraído datos sobre la distribución por sexos, ámbito geográfico y categoría docente, así como la información más significativa de su proceso de depuración.

El profesor O. Negrín Fajardo analiza los expedientes de depuración de forma cuantitativa extrayendo unas conclusiones para todo el Estado. Incorpora los datos de un listado de autoría diversa que completa el estudio.

En la lectura 10 del mismo profesor Negrín resume los datos analizados en el 2007 y añade los casos de Santa Cruz de Tenerife y Asturias.

Para incorporar todas las informaciones dividiremos el trabajo en una introducción, proceso, depuraciones y conclusiones.

Introducción

Las dictaduras ejercen un control férreo sobre el funcionariado para garantizar su adhesión al régimen. El control del profesorado, expulsando cualquier persona crítica, permite consolidar el orden establecido. Por ello se difunde la nueva ideología deslegitimizando cualquier idea peligrosa al nuevo sistema y dirigiendo la memoria y la historia a su manera.

En el primer tercio del s. XX hubo depuración del profesorado en la dictadura de Primo de Rivera y en el periodo republicano pero con Franco se desarrolló una máquina represiva con unos fines concretos. Se planteó el proyecto depurador como un plan para acabar con el liberalismo, la innovación educativa y el laicismo estableciendo el ‘Nuevo Estado’ antidemocrático, jerárquico y antiliberal. El balance de la depuración fue un éxito para los intereses franquistas ya que propició el control social necesario para sostener la dictadura durante casi cuarenta años. Es una acción preventiva donde todos son sospechosos y deben pasar por el tamiz depurador.

La depuración educativa forma parte del amplio proceso represor franquista. Desde 1936 se establece la depuración en la administración pública y en las empresas privadas con el objetivo  de acabar con los valores democráticos de la II República.

El 30 de enero de 1938 Franco nombra su primer gobierno con Pedro Sainz Rodríguez como ministro de Educación Nacional con un papel destacado de José Permatín. El 9 de agosto de 1939 se formó el segundo gobierno con José Ibáñez Martín al frente del ministerio desde 1939 hasta 1951 siguiendo la línia trazada por su predecesor. Manteniendo a Romualdo de Toledo y José Permartín en sus puestos desarrollará y culminará el proceso depurativo.

Proceso

Las principales órdenes para depuración fueron la del 10 de noviembre de 1936 y de 17 de febrero de 1937, y una circular de 7 de diciembre de 1936. La orden de 18 de marzo de 1939 resume y ordena todas las anteriores.

Se crean comisiones que realizan depuraciones en todos los sectores de la educación. La Comisión A era el personal de universidades, la B Escuelas de Arquitectura e Ingeniería, la C el personal de Institutos de Segunda Enseñanza, Escuelas Normales de Magisterio, Escuelas de Comercio, Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas de Trabajo, inspecciones de enseñanza y funcionariado de instrucción pública y la D se encarga del personal de Magisterio. Su trabajo era la apertura de expedientes, la emisión de informes, los pliegos de cargo, escritos de descargo y las propuestas de resolución.

El proceso se inicia con la apertura de expediente y reclamando los informes del alcalde, el cura, la Guardia Civil y un padre de familia sobre la conducta profesional, particular, social y política de cualquier individuo. Si hay pruebas se abre un pliego de cargos donde se recogen las acusaciones. A los acusados se les piden información sobre otros compañeros lo que provoca inquietud y desconfianza. El profesor realiza un pliego de descargos donde proclama su inocencia mencionando que las acusaciones podían ser de envidias y falsos testimonios.

En diez días remiten el escrito a la Comisión Depuradora para aportar datos en su defensa. Era un plazo muy corto con el objeto que los maestros no tuvieran tiempo para defenderse. Si no se localizaba se le pedía que se presentara en la comisión y si tampoco lo realizaba se procedía el expediente a trámite. Los profesores necesitaban acreditar su buena conducta pidiendo ayuda a los vecinos, autoridades como alcalde, párroco…y otros representantes prestigiosos.

Si quieren reingresar deben presentar la instancia  y una declaración jurada de sus aptitudes profesionales y políticas.

Completado el informe y formuladas las respuestas de resolución la Comisión lo envía a la Comisión de Cultura y Enseñanza que informará a la Presidencia de la Junta Técnica la resolución del caso.

Los cargos más graves eran los pertenecientes a partidos de izquierda o masonería; irreligiosidad, conducta inmoral y métodos pedagógicos renovadores. Las sanciones iban desde la separación del servicio a la suspensión de empleo y sueldo o la inhabilitación para cargos directivos. Otros eran el traslado forzoso fuera de la provincia, la separación definitiva , jubilación forzosa, prohibir solicitar una vacante, suspensión temporal, jubilación forzosa, inhabilitación para cargos directivos y ejercer la docencia.

Depuraciones

El profesor O. Negrín menciona una relación, elaborada por diferentes personas, de profesorado depurado para todo el Estado titulado: Expedientes resueltos. Cuerpo de catedráticos de instituto. Son un conjunto de 72 hojas y otra añadida sobre universidades. Parece ser que existieron otros documentos sobre universidades, primaria, Escuelas Normales y otras sin llegar a nosotros. De ese archivo obtiene los siguientes datos: 1280 profesores depurados de los que 483 (alrededor del 38 %) fueron sancionados de los cuales un 16,01% serán dados de baja.

Según el documento se presentan 72 recursos (5,6 %), un número muy escaso. Es posible que no estuviera bien visto recurrir una sentencia del gobierno vencedor. Los sancionados optarán por encontrar otros medios de vida y olvidar la enseñanza y un número indeterminado serán encarcelados.

Las informaciones de las hojas son muy dudosas para Castellón, Alava, Ciudad Real, Murcia, Palencia y Vizcaya. Navarra tiene el número más elevado de profesores separados. Andalucía  tiene el mayor número de profesorado depurado, separados del cargo o pérdida de escalafón. Le sigue Cataluña y Castilla La Vieja y León.

Los profesores C. Sanchidrián, I.Grana y F. Martín han examinado 2445 expedientes de depuración de profesores de secundaria custodiados en el AGA. De ellos, 2.127 (86,99 %) corresponden a profesores y 318 (13,01 %) a profesoras, lo que demuestra que la incorporación de la mujer a este sector aún era incipiente. Si es en función del sexo  vemos que dentro de los profesores el porcentaje de sancionados fue superior al de las profesoras. La represión sancionadora fue mayor entre los hombres por su mayor participación política y copar cargos de responsabilidad.

El 27,48  por ciento del profesorado de Instituto fue sancionado lo que fue superior a la media  del magisterio. 

En los 341 pliegos de cargos encontrados (306 profesores y 35 profesoras), el 52,49 % de las acusaciones se referían a la pertenencia a partidos políticos de izquierdas (socialistas, comunistas, izquierda republicana…) mientras que las restantes (pertenecer a la Institución Libre  de Enseñanza, ser masón, afiliado a partidos nacionalistas, ostentar cargos políticos durante la República, no profesar la religión católica…) tuvieron escasa incidencia, salvo la de no presentarse al proceso de depuración (19,06 % de los cargos) que directamente implicaba la separación definitiva.

Las sanciones fueron múltiples y guiadas por la mayor arbitrariedad. En los primeros meses se imponían sanciones diferentes al trabajar cada Comisión de forma autónoma. Al avanzar la guerra  se fue homogeneizando la actividad depuradora aunque manteniendo divergencias. 

El 20 % es acusado de abandono del destino al no incorporarse el docente a su puesto. La suspensión de empleo y sueldo, de un mes a tres años, se aplicó en 73 ocasiones, el 9,33 % del total, y estaba pensada para dar un escarmiento y amedrentar al personal docente.

La  inhabilitación para la enseñanza (4,48 %) afectó fundamentalmente a los interinos y prohibe ejercer la docencia.

El traslado forzoso, fuera (11,25 %) o dentro (0,38 %) de la provincia,  pretendía alejar al profesorado que se consideraba válido a condición de alejarlo de su área de influencia. Esta sanción recayó con más frecuencia en los acusados de ser nacionalistas.

La inhabilitación para el desempeño de cargos directivos se aplicó a un 29,67 % de los sancionados.

Las resoluciones del Ministerio pretendían atemorizar al personal docente sancionando a un 53,06 %, más de la mitad del profesorado. Si se añade los inhabilitados, suspensión de empleo y sueldo el total asciende al  70,97 %.

La  inhabilitación para el desempeño de cargos directivos fue la segunda sanción individual que padeció mayor número (106) de profesores (17,42 %).

Por sexo las profesoras depuradas suponen el 13,00 % (284) sobre el total, y en la distribución por categorías su proporción fue mínima en la de catedráticos y auxiliares, siendo su presencia como ayudantes.

Hay que destacar que casi la mitad (un 42 %) de los profesores sancionados son catedráticos. La cátedra es la máxima categoría docente obteniendo un reconocimiento social y económico. Son los que ocupan puestos directivos y son el ejemplo para el resto del instituto.

Por comunidades autónomas no hay uniformidad en la incidencia de la depuración. Por sexos la mayoría es masculina aunque destaca el dato de Aragón con un 23, 80 % de profesoras mientras en Melilla y Ceuta no hay profesoras. En general donde el porcentaje de profesoras es mayor también lo es de sancionadas.

Todavía hay cuestiones sin resolver  como: ¿las regiones con mayor actividad cultural son más castigadas?  ¿las regiones con lengua diferente sufrieron más la depuración?

Destaca el 27 % de media depurados en Madrid, Valencia y Cataluña donde se ubican las instituciones más progresistas. Los autores consideran que son regiones donde se depuran un gran número de docentes en poco tiempo, pero de forma más objetiva.

El mayor número de depuraciones se produjo en el año cuarenta al pasar el 30 % del profesorado.  A partir de 1942 el proceso depurador estaba casi terminado, aunque estaban en marcha muchos recursos y se abren algunos nuevos expedientes.

La separación definitiva del puesto afectó a más de la mitad del profesorado sancionado. El franquismo no puede castigar de forma masiva cuando las plantillas habían disminuido su número. Así el porcentaje de los confirmados fue superior al de los sancionados. Pero en comparación con la media de magisterio es superior la depuración, ya que entienden el bachiller como la formación intelectual de las clases dirigentes. La mayoría de las sanciones tiene por objeto silenciar al docente con la inhabilitación para ejercer cargos. 

En ambos estudios las conclusiones no son definitivas pues faltan investigaciones locales. Son resultados parciales pues el profesor Negrín analiza unos documentos sin definición exacta de los totales y el trabajo colectivo es de tipo cuantitativo. Aunque despista el baile de cifras obtenemos unas cuantas ideas que ahora resumiremos.

Conclusiones

En primer lugar los investigadores se han encontrado con problemas en el AGA, ya que para primaria la ordenación archivística es por provincias pero en secundaria es por orden alfabético de los encausados lo que dificulta la obtención de datos.

Es necesario nuevos estudios particulares que permitan interpretar con mayor precisión los datos globales obtenidos. Los resultados finales, con un 38 % de profesores sancionados, demuestran la dureza de la represión ideológica de la dictadura: un 38 % de profesores sancionados de los cuales un 53, 06 % son separados de su cargo. Todos los estudiosos consideran que  las depuraciones funcionaron como un sistema centralizado con sus sedes provinciales a través de unos principios ejecutados con disciplina. Fue un plan premeditado con órdenes y decretos con un doble objetivo: punitivo con los sancionados y preventivo para el resto. La depuración sirvió para ajustar cuentas con el enemigo, pero sobre todo para seleccionar a los elegidos para instaurar un ‘nuevo orden’. La política educativa franquista frenó el crecimiento de los centros pública entregando la secundaria en manos privadas.

O. Negrín en el texto estudia los casos de Tenerife y Asturias obteniendo resultados acaso sorprendentes al ser mayor la represión educativa en la primera región que en la segunda. Es significativo al saberse que Tenerife fue plaza del ejército rebelde y Asturias sede izquierdista.

Por ello la depuración educativa, tema fundamental en la historia de la educación, necesita más datos provinciales.

El proceso depurador se alarga en el tiempo por los trámites administrativos. Las acusaciones son una carga de tipo social y económico que reprimen la acción social del educador.

Para Castellón no hay estudios sobre la depuración en secundaria. Sabemos que la mayoría del profesorado era conservador y muchos fueron desterrados o se exilian a otros países.

La dictadura controló la educación al igual que manipuló la memoria y la historia. En estos últimos años se van recuperando las memorias olvidadas como el libro de M.A. Iglesias sobre los maestros.

Hay que seguir la línea de investigación y combinarla con la memoria para ampliar el conocimiento de la historia de la educación.

Referencias bibliográficas

Calzado Aldaria, Antonio y Torres Fabra, R.C.(2002): Valencians sota el franquisme, de. La Xara, Simat de Valldigna, València.

Fontana, J.(ed.)(1986): España bajo el franquismo, de. Crítica, Barcelona.

Iglesias, M.A.(2006): Maestros de la República. Los otros santos, los otros mártires, de. Esfera de los libros, Madrid.

Julià, Santos (de.)(1999): Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid.

Juan Miguel Palomar Martínez. Historia de la educación. (Educación Social)