VERDAD, MEMORIA Y JUSTICIA

Réplica a un article de Wenley Palacios aparegut al diari “Mediterráneo” l’11 de desembre de 2006. Enviats varies vegades al periòdic el escrit no ha sigut publicat.

Hablar sobre la guerra civil y sus víctimas es aún, hoy en día, un tema delicado en el que estamos obligados a hacerlo con rigor científico y sensibilidad, y más cuando se hace desde un medio de comunicación. Para hablar de la guerra civil y de sus víctimas en la provincia de Castellón nos podemos documentar de diversas formas: acudiendo a la bibliografía existente, es decir, a algunos trabajos o compilaciones sobre el tema elaboradas por reconocidos historiadores de diversas universidades españolas que estudian, analizan y recogen investigaciones locales adecuadamente contrastadas, acudiendo a los trabajos de estos historiadores que trabajan el ámbito de la provincia o la localidad, o simplemente acudiendo directamente a ellos o a la universidad, que nos dará la orientación pertinente sobre el tema de nuestra consulta.
Cuando no se hace así y se ofrecen unas informaciones falsas y erróneas extraídas de fuentes que no son históricas y que no ofrecen la más mínima credibilidad, o bien nos encontramos ante un desconocimiento del tema del que se habla y una mala utilización de fuentes pretendidamente históricas -hecho grave si se hace desde un medio público de comunicación pues puede confundir al lector ofreciéndole una información errónea, lo cual debería hacer reflexionar al autor y abstenerse de publicar otra vez datos históricos sin rigor científico-, o bien se ha hecho de forma deliberada omitiendo unas fuentes históricas de las que se podía disponer, esto es más grave, nos encontrariamos ante un caso de demagogia y  manipulación.
Entre los diversos datos erróneos e inexactitudes aparecidas en el artículo firmado por el señor Wenley Palacios en el diario Mediterráneo del pasado 11 de diciembre dos me han llamado especialmente la atención:  “importantes republicanos salieron de sus escondites el día que entraron las tropas del general Aranda de Castellón. Ninguno fue represaliado” y la otra “Una lista no desmentida de los asesinatos en zona roja en Castellón: 4.240”.
Respecto a la primera, quienes estudiamos e investigamos las diversas fuentes históricas sobre la guerra civil y la represión franquista en Castellón (la documentación del Gobierno Civil referida a la época, los expedientes de responsabilidades políticas, los expedientes de la prisión de Castellón, los expedientes de depuración y algunos documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, por citar algunas), podemos asegurar que los republicanos tras la entrada de las tropas franquistas fueron represaliados en su mayoría, unos fueron encarcelados –como el destacado político y presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, Fernando Gasset, enfermo, ciego y preso incomunicado a los 77 años de edad-, otros muchos  –anónimos-, corrieron la misma suerte, algunos pagaron con su vida, otros con el destierro, el exilio, cuando no la represión económica mediante la ley de responsabilidades políticas, la pérdida de derechos civiles y su depuración si se trataba de funcionarios, todos sufrieron marginación política, económica y social como mínimo.
Respecto a la segunda afirmación, poco más de 1.000 fueron las víctimas de la llamada represión republicana, consecuencia de la violencia incontrolada que se produjo prácticamente en su totalidad en los 3 o 4 meses siguientes al golpe de estado del 18 de julio. En muchos lugares donde fracasó la sublevación se provocó un desmoronamiento e inoperatividad momentánea de las estructuras de poder del Estado, ocupando ese lugar estructuras de poder paralelas –comités locales, partidos o grupos de incontrolados- que se tomaron por su mano su pretendida justicia convirtiendo en  víctimas a los sectores que habían apoyado esta insurrección militar contra un estado de derecho y un gobierno legalmente constituido. Las víctimas de esta represión en su mayoría al acabar la guerra fueron exhumadas, enterradas en sus localidades de origen a iniciativa de sus familiares, del Estado o de sus ayuntamientos, sus familias reparadas y algunas elevadas a los altares –hechos también documentados-.
Por el contrario la represión franquista supera en la provincia las 1.200 víctimas si añadimos a los fusilados, los asesinados en diversas circunstancias y los fallecidos en prisión, una cifra que aumentaría considerablemente si incluimos los fallecidos en campos de concentración nacionales y extranjeros, y las víctimas de los bombardeos indiscriminados sobre la población civil. Otras provincias donde triunfo el golpe corrieron peor suerte y en algunas de ellas la cifra de fusilados y asesinados se acerca a los 10.000 (población civil en su mayoría –algunos autores hablan de exterminio, otros de genocidio). Esta represión no es incontrolada, está perfectamente planificada y premeditada por las autoridades, se alarga varios años después de finalizada la  guerra, y la voluntad manifiesta de exterminar al oponente está claramente documentada.
Las víctimas de esta represión, 70 años después, sus familias, luchan aún por recuperar sus cuerpos de una fosa o una cuneta, cuando lo hacen es sin ayuda oficial, y lo que es más importante, reclaman una reparación moral, un reconocimiento de una dignidad que nunca han perdido. Lo podemos llamar memoria histórica o lo podemos llamar simplemente justicia.

Juan Luis Porcar y Teresa Armengot.
Grup per la Recerca de la Memòria Històrica