Familiars de víctimes, membres de l’Associació de familiars de víctimes de la repressió franquista del cementeri Castelló viatgen al Consulat Argentí a Madrid per a presentar les denúncies .
Desde Castellón, nuevas denuncias en la Querella Argentina
Amparados en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, familiares de víctimas del franquismo y asociaciones presentaron en abril de 2010 en el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, de Buenos Aires, República Argentina, a cargo de la Jueza María Servini de Cubría, la Querella 4591/2010, nominada “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista”, con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos durante el franquismo, se identifique a sus responsables y se les sancione penalmente.
Desde entonces se han sumado centenares de nuevos casos, colectivos e individuales de todo el estado. Casos de torturas, de trabajo esclavo, bebes robados, mujeres rapadas, de expolio patrimonial, depuraciones profesionales y también numerosos casos de asesinato y desapariciones forzosas.
En el trascurso de estos años la investigación de los crímenes ha pasado por diversas fases: negativa total de los gobiernos reaccionarios del PP en nuestro país a colaborar, dificultades en Argentina durante el gobierno conservador de Macri; negativas de la Audiencia Nacional a aceptar las extradiciones de las personas imputadas por la jueza, fueron 20 las imputadas: desde el torturador González Pacheco (Billy el Niño) a Rodolfo Martin Villa, pasando por el torturador valenciano Benjamin Solsona.
En 2016 la Fiscalía General lanzó una instrucción de obligado cumplimiento para que los juzgados españoles no colaboraran con la justicia argentina. Más tarde vino la pandemia mundial y retrasó una nueva visita de la jueza Servini a España para tomar declaración a Rodolfo Martín Villa, denunciado en la causa 4591/2010 como responsable de diversos asesinatos durante su mandato como ministro de la Gobernación y de interior: El 3 de marzo de 1976, la intervención de la Policía Armada en Vitoria se saldó con más de 150 heridos y 5 muertos; también ha sido denunciado por el asesinato de German Rodríguez en los Sanfermines del 78, y de Arturo Ruiz asesinado durante la denominada Semana Negra de la Transición, en Madrid desde el 23 al 29 de enero de 1977, fueron asesinados además de Arturo los 5 abogados laboralistas de Atocha y Mari Luz Najera, una joven estudiante que murió por el impacto de un bote de humo lanzado a escasos metros por la policía.
La Covid19 no permitió esa visita de Maria Servini, pero no pudo impedir que el 3 de septiembre de 2020 la jueza tomara declaración a Martín Villa por vía telemático. Por primera vez en nuestra historia reciente se tomaba declaración a un responsable de los crímenes del franquismo. Un paso importante en la lucha contra la impunidad.
Pese a los obstáculos y la lentitud en los procesos, nuevas denuncias siguen engrosando esta causa que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En el mes de octubre de 2021 se incorporan 20 nuevas casos desde el Pais Valencià. Familiares de asesinados durante la posguerra en Castellón se suman, reclaman justicia para:
Bautista Trilles Ays. Natural de Villafamés y vecino de Alcora, de 25 años. Militante de la CNT, se le acusó de pertenecer voluntariamente a la Columna Torres-Benedito y fue condenado a muerte por adhesión a la rebelión. Asesinado el 15 de abril de 1940 y enterrado en la fila 5 de la fosa del Cementerio Civil de Castellón.
Cristobal Montoliu Miravet. Natural y vecino de Alcora, campesino de 25 años. Se le acusa de ser delegado comarcal dela FAI. Fue condenado a muerte por adhesión a la rebelión y asesinado el 3 de noviembre de 1939. Enterrado en la fosa del Cementerio Civil, fila 2.
Emilio Pla Palos. Vecino de la Cenia. Militante socialista y miembro del ayuntamiento. Condenado a muerte por adhesión a la rebelión, fue asesinado el 15 de abril de 1940. Enterrado en la fosa del Cementerio Civil, fila 5.
Jose Aragón Ucher. Natural de Borriol. Afiiado a la CNT, presidente de la Junta de Canteros, se le acusa de ser miliciano en la Columna Iberia y se le condena a muerte por adhesión a la rebelión con circunstancias agravantes. Fue asesinado el 27 de noviembre de 1939, enterrado en la fosa del Cementerio Civil, fila 4.
Jose Mañez Ascensión. Natural y vecino de Geldo, labrador de 48 años. Se le condena a muerte por adhesión a la rebelión con agravantes. Fue asesinado el 18 de octubre de 1940 y enterrado en la fosa del Cementerio Civil, fila 9.
Manuel Gasch Serrano. Garcés Vecino de Alcora, albañil de 27 años. Afiliado a la CNT y presidente del Sindicato de la Construcción, fue concejal de su localidad. Posteriormente ingresó en el ejercito republicano, “rojo” según la sentencia. Fue detenido en el frente de Teruel y encerrado en el campo de concentración de Miranda del Ebro de donde se fugó. Se le condena a muerte por adhesión a la rebelión con agravante de “perversidad y transcendencia de los hechos”. Asesinado el 16 de marzo de 1939 en Benicarló. Se desconoce dónde fue enterrado.
Manuel Nebot Redon. Jornalero, natural y vecino de Alcora de 56 años. Afiliado a la CNT se le condena a muerte por adhesión a la rebelión con agravante de peligrosidad social, en su mismo consejo de guerra son condenadas otras 5 personas a la pena capital. Fue asesinado el 21 de octubre de 1939, enterrado en la fila 2 de la fosa del Cementerio Civil.
Miguel Domingo Roig. Ferroviario, natural de Valencia y vecino de Castellón, de 36 años. Fue condenado a muerte por adhesión a la rebelión militar, acusado de pertenecer a la UGT, al Partido Comunista y formar parte del Comité de control Ferroviario de Castellón. Asesinado el 30 de junio de 1939, fue enterrado en el cementerio católico y posteriormente pasaron sus restos al osario.
Narciso Ferrer Alvaro. Nacido en Ribesalbes, de 33 años. Condenado a muerte por adhesión a la rebelión, por haber pertenecido a la CNT-FAI. Fue asesinado el 13 de abril de 1940 y enterrado en la fosa del Cementerio Civil, fila 5.
Rafael Prades Trueba. Natural de Villahermosa, carpintero de 46 años. Militante de la CNT, se le acusa de actuar como miliciano a las órdenes del comité y se le condena a muerte por adhesión a la rebelión militar. Fue asesinado el 21 de agosto de 1939 y enterrado en la fila 1 del Cementerio Civil.
Ramon Albella Peris. 37 años, albañil de Alcora. Militante de la CNT se enroló en las Milicias Confederales, por ello se le condena a muerte por adhesión a la rebelión. Asesinado el 12 de febrero de 1943. Enterrado en el denominado Cuadro Bajo del cementerio civil de Castelló y en los años 89 exhumado y colocados sus restos en una caja de reducción que se enterró en la fila 1 del cementerio civil.
Vicente Colom Safont. Cerrajero, natural y vecino de Borriol. Condenado con 36 años a muerte por adhesión a la rebelión militar. Había estado afiliado al POUM y perteneció, según la sentencia, al Comité revolucionario. “Fallecido a consecuencia de hemorragia producida por pequeño proyectil” el 21 de agosto de 1939. Fue enterrado en la fosa del Cementerio Civil, fila 1.
Vicente Gasch Garcés, vecino de Alcora. Se le acusa de ser militante de la CNT, fue condenado por adhesión a la rebelión. Asesinado el 15 de abril de 1940 a los 55 años fue enterrado. en el cementerio católico y posteriormente sus restos pasaron al osario.
Francisco Garcia Serra. Carpintero, vecino de la Cenia de 42 años. Prestó servicios de guardia en su pueblo. Condenado a muerte por adhesión a la rebelión. Asesinado el 15 de abril de 1940, fue enterrado en la fila 5 de la fosa del Cementerio Civil.
Joaquín Vinuesa Sospedra. Labrador de Alcalá de Chivert. Delegado de la Federación Algarrobera de la comarca y responsable de abastos local. Se le condena por adhesión a la rebelión. Asesinado el 24 de enero de 1940. Enterrado en la fosa del Cementerio Civil, fila 4.
Ernesto Centelles Roig. Ladrillero de Benasal. Presidente de Izquierda Republicana de su localidad. Se le acusa de pertenecer al comité revolucionario y condena a muerte por adhesión a la rebelión. Asesinado el 10 de marzo de 1942. Enterrado en la fosa Cementerio Civil, fila 12.
Ramón Guillamón Guillamón. Labrador de Villahermosa. Acusado de pertenecer a la FAI, la CNT y el Comité Revolucionario. Delegado de abastos realizó incautaciones. Condenado a muerte por adhesión a la rebelión. Fue asesinado el 11 de septiembre de 1940 y enterrado en la fosa del Cementerio Civil, fila 9.
Emilio Dasca Fenollosa. Nacido en Almenara. Se le condena a muerte por pertenecer a la JSU, acusado de formar parte del Comité Revolucionario. Condenado a muerte por adhesión a la rebelión. Fue asesinado con 30 años, el 14 de julio de 1941. Enterrado en la fosa del Cementerio Civil, fila 11.
José Dasca Fenollosa. Labrador natural de Almenara. Falleció en el frente de Extremadura, el 19 de enero de 1939. Desaparecido o ejecución extrajudicial
Vicente Ballester Forcada. Vecino de Almazora, peón de carga de profesión y de 35 años, fue acusado de ser dirigente de la CNT-FAI, miliciano armado y miembro del comité de defensa, condenado a muerte por adhesión a la rebelión con agravante de perversidad. Asesinado el 7 de mayo de 1940 fue enterrado en la fila 6 de la fosa del Cementerio Civil.
Estas denuncias son presentadas por la Asociación de Familiares de Víctimas del franquismo del cementerio de Castellón y por nuestra asociación, Acció Ciutadana contra la Impunitat del franquisme, que surgió en 2016 como plataforma de apoyo a la Querella Argentina en el País Valencià, formando parte de la CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina).
Reclamamos justicia para 20 personas asesinadas entre 1939 y 1943 por haber sido leales al legítimo gobierno de la Segunda República y no haberse sumado a las tropas golpistas. La mayoría de sus cuerpos fueron enterrados en las fosas del cementerio civil de Castellón, de algunos se desconoce aún el paradero de sus restos.
En las sentencias de muerte se evidencia el modo en el que fueron juzgadas y condenadas estas 20 personas, al igual que lo fueron, decenas, centenares. Cerca de 900 fueron fusiladas en la ciudad de Castellón, también se produjeron fusilamientos en otras localidades castellonenses como Vinaroz, Burriana, Segorbe, Vila-real, Morella o Borriol, lo que haría llegar la cifra de víctimas a casi 1100 personas.
A medida que las tropas golpistas tomaban las ciudades y las poblaciones que fueron leales al gobierno republicano se ponía en marcha una maquinaria represiva diseñada desde el inicio del golpe. Los bandos de ocupación lo dejaban claro, el de la ciudad de Castellón lo firmó el general Antonio Aranda el 17 de junio de 1938, la vida, el futuro se sometía a la jurisdicción militar: “todos los delitos cometidos a partir del 18 de julio de 1936, sea cualquiera su naturaleza, cuya tramitación e instrucción se ajustará al procedimiento sumarísimo de urgencia”. El estado de guerra, que no finalizó hasta el año 48, permitió juicios sumarísimos expeditivos, basados muchas veces en las declaraciones y denuncias de los afines, de los falangistas, “personas de orden”, incluso, de quienes guardaban rencor, envidias y cuentas pendientes de carácter personal. También se nutrieron las causas judiciales abiertas de la acción de la Columna de Orden y Policía de Ocupación que, tras la ocupación, peinó las ciudades en busca de “rojos y desleales”. El estado de guerra otorgó a la jurisdicción militar poder absoluto. El dictador recurriría a declarar estados de excepción, en los que la jurisdicción militar volvía ser la encargada de juzgar a los disidentes, en numerosas ocasiones, hasta escasos meses antes de su muerte en 1975.
El Centre de Documentació del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló archiva las sentencias de todos los juicios sumarísimos que se conservaban en la Subdelegación de Defensa de Castellón, ascienden a un total de 13.284 las personas encausadas, 11.664 corresponden a vecinos y vecinas de localidades de la provincia de Castellón y 1.438 a personas de otras provinciasi.
La pertenencia a cualquier organización del Frente Popular podía ser motivo suficiente para ser acusado de adhesión o auxilio a la rebelión. Si tenemos en cuenta que la afiliación sindical era casi obligatoria en los años del Frente Popular podemos calcular la magnitud de las condenas. Si además consideramos que hubo un objetivo manifiesto: castigar, eliminar la presencia del republicanismo, sembrar el miedo para asegurar la obediencia y vengar con creces las pérdidas, personales y económicas, que en el lado de los golpistas tuvieran durante los 3 años de guerra -guerra que provocaron con el golpe contra la Segunda República-, podemos atisbar lo que representó la represión en Castellón. Una parte de “un plan de exterminio” de los denominados enemigos de España, que derivó, en todo el Estado Español, entre los años 1939 y 1945, en más de 150.000 víctimas mortales.
Así describe Juan Luis Porcar en su imprescindible investigación sobre la represión en Castellón (Un país en gris i negre. Memòria històrica i repressió franquista a Castelló ) como se ejecutaron en Castellón las penas de muerte:
A la ciutat de Castelló els condemnats eren lligats de peus i mans, els pujaven en un camió i els portaven al riu Sec, davant del cementeri de la ciutat. Algunes persones que vivien prop de la presó i alguns familiars ens han donat testimoniatge dels himnes i càntics revolucionaris dels condemnats en aquests trasllats. Uns pocs metres davant de l’entrada del cementeri els esperava un piquet d’execució format, en un primer moment, per soldats de lleva i després per guàrdies civils. Després de disparar els trets que havien de llevar la vida als condemnats, l’oficial els rematava amb un tir de gràcia al cap. Els cadàvers eren reconeguts pel metge forense i un jutge militar certificava l’acte oficial. Els cossos dels afusellats es traslladaven –segons testimoniatges d’alguns familiars– en un carro al recinte del cementeri anomenat civil on els cossos dels que no s’havien confessat es col·locaven en files sense taüt i coberts per una capa de calç i una altra de terra, els uns al costat dels altres, en una fossa comuna. Els executats del mateix dia que sí s’havien confessat i portaven la senyal corresponent van ser soterrats en fosses localitzades al cementeri gran o catòlic. (Porcar, 2020, pag 72-73)
El Grup per la Recerca i la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC), ha elaborado diferentes estudios e informes sobre las víctimas de la represión franquista enterradas en el cementerio de Castellóii. Entre los datos más relevantes debemos destacar que el número de víctimas consecuencia de la represión franquista fue de 971, de las cuales 531 se enterraron en el cementerio civil y 440 en fosas del cementerio grande o católico. Entre la documentación de la época conservada en el cementerio se guardan las listas de presos ejecutados. Son hojas sueltas, separadas del libro de entierros del cementerio- donde se indica el nombre de la persona ejecutada y su posición de entierro – fosa y fila- en el caso de ser enterrados en el recinto o cementerio civil o en la fosa católica.
Durante el proceso de investigación se descubrió en el año 2016 una documentación municipal inédita en la cual se nombraba un cuadro debajo del cementerio civil y unas sepulturas en cuatro filas correspondientes a entierros que se inician en 1943. Cuando al finalizar el año 1942 se completa la fila 14 del cementerio civil por falta de espacio en el recinto se abrieron estas cuatro filas a un nivel inferior del cementerio civil correspondiente a la zona de los actuales columbarios.
La primera campaña de exhumaciones en Castelló se inició el 20 de noviembre de 2018, siendo impulsada por GRMHC y el Ayuntamiento de Castelló y ejecutada por la asociación científica Arqueoantro. Se realizaron tres sondeos y se exhumaron los restos correspondientes a 13 personas. En 2019 hubo otra campaña en las que fueron 18 los restos exhumados. En el año 2020 se realizaron tres campañas más: dos de la Generalitat Valenciana en julio y diciembre y una conjunta del Ayuntamiento de Castellón y la Diputación durante los meses de octubre y noviembre, con un total de 78 exhumaciones. En 2021 hay previstas también dos campañas de exhumaciones.
Cada vez que en un proceso de exhumación se encuentran los primeros restos humanos, los arqueólogos, junto a los familiares y en ocasiones junto a los responsables de las instituciones que han financiado esa actuación, se personan en los juzgados para dar cuenta del hallazgo y solicitar de la autoridad judicial que se abra una investigación, se judicialice el proceso de exhumación. Hasta la fecha sistemáticamente los juzgados han desestimado las peticiones.
Por eso, acudimos con esta denuncia a sumarnos a la causa argentina 4591/2010, dejamos constancia ante la justicia argentina que “a pesar de las evidencias históricas y físicas, con los cuerpos apilados y con latentes signos de asesinato y tortura, los juzgados españoles ordenan sistemáticamente el archivo y sobreseimiento de las diligencias aduciendo la prescripción de los delitos, en aplicación de una Ley de Amnistía de 1977, que contradice frontalmente múltiples tratados internacionales suscritos por el Estado Español y que, al ser una ley de punto y final, no debería ser de aplicación. Pese a leyes de Memoria estatal (ley 52/2007) y autonómica (Ley de memoria democrática valenciana Ley 14/1017), el Estado y la Judicatura nos siguen negando la tutela judicial efectiva en la exhumación, identificación y en todo el proceso hasta llegar a la condena de todos estos crímenes de Lesa Humanidad, que lejos de prescribir siguen vivos en nuestras memorias y en la Justicia Internacional”.
Por todo ello reclamamos VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTIAS DE NO REPETICIÓN
i Porcar Orihuela, Juan Luis. Un país en gris i negre. Memòria històrica i repressió franquista a Castelló. 3ª edició revisada, 2020. UJI, Castelló
ii https://.memoriacastello.cat
